El Gobierno se muestra dispuesto a llevar a fondo el conflicto existente con la Suprema Corte a raíz de la metodología de nombramiento interino de tres conjueces que no fueron postulantes ni aspirantes con examen aprobado en el Consejo de la Magistratura, tal como exige la Acordada 21.074 del propio tribunal.

Un día después de que el gobernador Celso Jaque habló de "nombramientos por la ventana"en el Poder Judicial, el secretario general de la Gobernación, Alejandro Cazabán, y el ministro de Gobierno, Mario Adaro, enviaron una segunda nota al presidente de la Suprema Corte, Alejandro Pérez Hualde.

La misiva -de sólo una carilla- subraya que "subsiste nuestra preocupación" porque "las leyes vigentes han sido violadas" y destaca que "las designaciones oportunamente cuestionadas por este Poder Ejecutivo" han sido justificadas por la Suprema Corte en "razones de trascendencia institucional y de mérito, oportunidad y conveniencia".

La nota enfatiza que "queremos resaltar que no nos resulta clara su alegación respecto a que razones de prudencia política' lleven a no hacer público, por ahora, reclamos que se encuentran en trámite". Agrega que "la oscuridad de dichas expresiones presenta un carácter de velada amenaza que obliga a este Poder Ejecutivo a solicitar su clarificación".

El miércoles pasado en Buenos Aires, durante el Segundo Encuentro de Justicia del Bicentenario, el dirigente sindical Julio Piumato (de Judiciales) cuestionó a la Corte mendocina "por no cumplir las leyes ni el orden constitucional". En tanto en el Senado provincial prosperó un pedido de informes al Poder Judicial impulsado no sólo por los justicialistas Leonardo Giacomelli, Elizabeth Fernández de Merino y Miriam Gallardo, sino también por el demócrata Aldo Giordano y el radical Sergio Bruni.

El Ejecutivo salió a acusar al presidente de la Suprema Corte, Alejandro Pérez Hualde, de haber designado irregularmente a cuatro conjueces y un fiscal correccional. En tanto Pérez Hualde respondió públicamente subrayando el carácter de "provisorias" de las designaciones, destacando que "no está en cuestionamiento la idoneidad de los profesionales elegidos" para la cobertura de vacantes y remarcando la necesidad de "priorizar la atención de las personas, a las dificultades de orden formal interno".

En la respuesta de la Corte a la primera nota Ejecutivo -firmada por el secretario de gestión de la sala Administrativa de la Suprema Corte, Javier Fenollar- se afirmó que "el origen del planteo" de la Casa de Gobierno se encuentra en "un recurso del subsecretario de Justicia (Carlos Quiroga Nanclares) contra la conjuez de Ejecución Penal (de Almafuerte), Silvina Culós". Esta conjueza "ordenó medidas vinculadas a la debida atención de la salud de la población penitenciaria" como "el retiro de un basural lindante con la enfermería".

Mientras esta polémica entre los dos poderes crecía, se conoció que la Suprema Corte echó a Dardo Fernández, un conjuez designado interinamente en la Segunda Cámara del Trabajo de San Rafael. El abogado es amigo de Cazabán y se había postulado al cargo, pero su pliego fue rechazado por el Senado. El máximo tribunal se basó en esa decisión para desplazarlo. Desde el Ejecutivo se argumentó que se violaron los procedimientos.