La presidenta ya le había adelantado esa posición a los legisladores, que no se modificó ante la aprobación del proyecto en la Cámara baja. Pero eso no significa que esperará plácida que las explotaciones mineras se suspendan, en caso de que el proyecto pase el filtro del Senado: si eso ocurre, serán los gobernadores de las provincias mineras quienes liderarán la embestida para bajar esa ley en la justicia.

Así lo pautaron el pasado 6 de julio en la Casa de Salta los gobernadores de esa provincia (Juan Manuel Urtubey), La Rioja (Beder Herrera), Catamarca (el radical Eduardo Brizuela del Moral), San Juan (José Luis Gioja), Mendoza (Celso Jaque) y Walter Barrionuevo (Jujuy).

Allí también estuvo el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, y representantes de las provincias de Río Negro, Neuquén y Catamarca.

Los gobernadores acordaron impulsar proyectos en sus legislaturas que defiendan las explotaciones mineras en sus provincias siempre que se haya comprobado que no dañan el medio ambiente.

Una semana después, la mayoría acompañó a la presidenta a la sede de la empresa canadiense minera Barrick Gold, con concesiones para explotar la minería en la cordillera sanjuanina.

El gobernador Gioja fue justamente el primero en impulsar en su Legislatura un proyecto en defensa de la actividad minera. Se basa en los artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional.

El primero es el que habla de la protección y la preservación de los recursos naturales, delega en la Nación la facultad de “dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección” y a las provincias “las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales”.

El último párrafo del 124 señala que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”. También prevé la creación del Consejo Provincial de Coordinación para la Protección de Glaciares, que en un sería el organismo de control que dispondría la norma en San Juan.

Proyectos similares debatirían pronto en La Rioja y Catamarca. Y sería el paso previo a la judicialización del tema.

Ley de glaciares

Después de las dificultades y demoras que aplazaron casi un mes el tratamiento de la totalidad de los artículos, los bloques opositores de la Camara de Diputados de la Nacion completaron el pasado jueves la aprobación de la ley de protección de glaciares y ahora la iniciativa volverá al Senado.

“Costó mucho, pero hemos logrado vencer el lobby de la Barrick Gold”, aseguró Miguel Bonasso, impulsor del proyecto originalmente presentado por Marta Maffei, aunque advirtió que para confirmar esa afirmación tendrá que sortear el incierto terreno de la Cámara alta y luego Cristina Kirchner cumplir con su promesa de no aplicar el veto, como sí había hecho en 2008.

Como si no pudiera evitar las complicaciones, la aprobación también se estiró y tuvo suspenso primero por una discusión sobre el temario de la sesión, porque el kirchnerismo se negaba a incluir una declaración de repudio por “el despojo, la persecución y el abuso” del gobierno de Formosa a una comunidad originaria de esa provincia. Y luego por un debate para introducir modificaciones: diputados del oficialismo, el PRO y el PJ disidente propusieron flexibilizar la prohibición para los emprendimientos en el área periglaciar, a partir de un estudio previo de impacto ambiental. Bonasso no las aceptó, por lo que el proyecto aprobado incluye esas zonas en el régimen de presupuestos mínimos “con el objeto de preservarlas como reservas estratégicas de recursos hídricos”.

La única modificación logró introducirla el radical Ricardo Mansur, para impedir las explotaciones mineras e hidrocarburíferas hasta terminarse el Inventario Nacional de Glaciares que establece la ley. “ Ahora hay que solicitar la rápida sanción en el Senado” , dijo el mendocino. Si prospera la iniciativa, emprendimientos como el de Pascua Lama podrían ser obligados a variar sus procedimientos de extracción de agua, coincidieron los diputados.

“Por fin hemos dado un paso muy importante en la protección de los glaciares, para evitar que el saqueo del agua entre por el Congreso, como en la década del 90”, aseguró Fernanda Reyes, de la Coalición Cívica. La aprobación se había demorado porque el oficialismo y el PRO habían dejado sin quórum la sesión de hace un mes, luego de la votación en general y los primeros cinco artículos, unos días después del cuestionado encuentro de la Presidenta y los gobernadores pro mineros con Peter Munk, CEO de la Barrick, en Canadá. Y hace dos semanas, por las ausencias del kirchnerismo, parte del radicalismo y el peronismo disidente, no pudo empezar la sesión.

Ahora el proyecto pasará al Senado. “Creemos que (Daniel) Filmus va a cumplir su compromiso”, planteó Bonasso. “La Presidenta ya dijo que no va a vetar el proyecto y voy a trabajar para que salga lo que acordé con Bonasso”, aseguró anoche Filmus