Pero cuando lo hace, el conflicto adquiere una dinámica que rompe con las convenciones de las luchas habituales entre actores entrenados en estas peleas como los negociadores sindicales (o los punteros profesionales) y los representantes políticos del Estado.

Es lo que pasó hace un año cuando los estudiantes secundarios, en su mayoría de colegios céntricos, tomaron sus escuelas para hacer visible una crisis en la Educación. Es lo que ahora hacen los médicos para mostrar que en edificios impecables trabajan profesionales mal pagos y ninguneados.

La tendencia al asambleísmo, que hace estallar las representaciones gremiales, por un lado; y una distribución de tareas en la transición entre Juan Schiaretti y José Manuel de la Sota que ubica este conflicto como una tarea del otro, en segundo término; hacen muy complejo el arribo cercano de la paz a los hospitales.

Ayer la Iglesia se metió para reclamar una mesa de diálogo. La mesa es lo de menos; el mayor de los problemas en este conflicto tiene que ver con las sillas: a quienes se los invita a tomar asiento y hablar por alguien más que por sí mismo.

Ahora nadie querría estar en los zapatos del único interlocutor que no puede faltar: con el gobernador de viaje hasta el 10 de octubre, todo el peso de la resolución del conflicto quedó en manos del ministro de Salud, Oscar González, quien se juega en esta crisis su anunciada promoción a “ministro coordinador” de De la Sota.

Antes de salir de escena, rumbo a Singapur, Schiaretti se negó a dar el “retoque” general sobre los salarios en Salud que había prometido González. Antes de reingresar al tablado, De la Sota, desde España, dijo que no hay espacio para dos gobernadores. ¿Cuál sería el problema en que se junten a resolver este problema que es urgente (y por tanto es de Schiaretti) y puede generar efectos a futuro (y por lo tanto complete a De la Sota)? Para este conflicto no hay dos gobernadores: no hay ninguno.

Otra cosa. Las reformas políticas encaradas hasta aquí se han ocupado de revisar el mecanismo electoral, la selección de los candidatos (primarias) y la duración de las campañas. Pero no han puesto en cuestión este período de crisis de autoridad que generan las largas transiciones entre un gobernante saliente y otro entrante. Tampoco a nadie se le ocurrió revisar la fecha establecida en Córdoba para el recambio de mandatarios, tanto a nivel provincial como municipal. No debe haber peor fecha en el año que el 10 de diciembre: el que llega asume con la daga al cuello del pago de sueldos y aguinaldos y sus primeros 100 días, claves para aprovechar el envión de legitimidad, se diluyen en vacaciones. No parece lógico que no cambie.