La gobernadora Lucía Corpacci solicitó a la Corte de Justicia de la Provincia que arbitre los mecanismos conducentes a los efectos de “hacer cesar el impedimento de tránsito que afecta a la libre circulación de las rutas, la libertad de trabajar, la libertad de comercializar y a la libertad de ejercer industria lícita” en la Ruta 60, por parte de grupos antimineros.
El pedido formal de Corpacci a la Corte en representación del Poder Ejecutivo, responde a una misiva envida por el embajador Ginés González García el martes último, cuya copia adjuntó también.
“No escapará a su elevado criterio, el valor estratégico que el referido corredor bioceánico tiene para nuestra provincia, ni los perjuicios que su reiterada interrupción por parte de estos grupos han ocasionado a la sociedad de Catamarca, dado que ha sido afectado el comercio, el turismo, la hotelería y el sector productivo”, señaló la gobernadora. También advierte que el requerimiento efectuado se realiza “con el mayor de los respetos en el marco de la independencia de poderes que garantiza el Estado de Derecho” y en base a las “atribuciones, deberes constitucionales y facultades legales”, del Máximo Tribunal.


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