Por la vivienda que ocupa la Gobernadora en el CADIC se acordó un alquiler de 2.430 pesos mensuales, más el pago de tasas, impuestos, servicios y expensas. El contrato de comodato tiene vigencia por 12 meses, prorrogable por 4 años.
El contrato, que fue ratificado por decreto 931 del pasado 23 de abril, tiene vigencia por 12 meses prorrogables a 4 años, y estipula que la Provincia abonará a modo de alquiler la suma de 2.430 pesos mensuales, con más todos los gastos provenientes del pago de tasas, impuestos, servicios, expensas y cualquier otro servicio o gravamen existente o a crearse y los originados por el mantenimiento y reparaciones del inmueble, según se indica en el documento que fuera rubricado el pasado 31 de enero por el Secretario General de Gobierno, Osvaldo Monti, y el Director del CADIC Jorge Rabassa.
El monto acordado deberá ser abonado por el Ejecutivo antes del 10 de cada mes, y podrá anualmente por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, organismo del que depende el centro de investigaciones con asiento en la capital fueguina.
La relación entre la Provincia y el CADIC por el uso de la Casa 1 se remonta a la primera gestión gubernamental del mopofista José Estabillo. Por aquél entonces, para evitar el malhumor que le generaba al vicegobernador Miguel Ángel Castro no contar con una residencia oficial, el Poder Ejecutivo acordó alquilar esa vivienda para que la habitara el presidente natural del Poder Legislativo.
El destino del inmueble se vio alterado cuando Carlos Manfredotti asumió al frente del Ejecutivo, ya que el justicialista dispuso ceder a la Legislatura el uso de la histórica “Residencia del Gobernador”, ubicada en Maipú y Onas, y ocupar la casa alquilada al CADIC. Desde ese entonces, los gobernadores que sucedieron a Manfredotti siguieron usando esa vivienda como residencia oficial.
En marzo de 2004, durante la gestión del destituido gobernador Colazo, la Provincia firmó un nuevo contrato de comodato por la vivienda del CADIC con vigencia hasta el 10 de junio de 2008, prorrogable por otros 4 años, a cambio de 150 pesos mensuales, y el pago de servicios e impuestos, tales como gas, luz, agua, impuestos inmobiliarios, tasas municipales, teléfono, y cualquier otro servicio o gravamen existente o a crearse. Además, la Provincia se comprometía al mantenimiento y reparaciones del inmueble.
Ya expulsado Colazo del Gobierno por el proceso de juicio político seguido en su contra durante 2005, en marzo de 2006 el por entonces vicegobernador, en ejercicio del Poder Ejecutivo, Hugo Cóccaro, rubricó una modificación del contrato original, a efectos de elevar el monto del alquiler a pagar al CADIC a 410 pesos mensuales.
Esta obligación se cumplió durante 9 meses, ya que a partir de noviembre de aquel año, el Ejecutivo olvidó, o no estuvo en condiciones económicas, de afrontar el exorbitante pago de 410 pesos por mes de alquiler. Tras la derrota electoral que le vedó la posibilidad de seguir al frente del Ejecutivo, Cóccaro entregó de manera anticipada el Gobierno a Fabiana Ríos, lo que ocurrió el 17 de diciembre de 2007.
Para ese entonces ya se acumulaban casi 14 meses impagos de alquileres. Con la asunción de la primera gobernadora en la corta historia de la provincia, la situación no se modificó en nada, ya que el Gobierno, o mejor dicho su máxima autoridad, siguió usufructuando del uso del inmueble, pero sin pagar un sólo peso a cambio, por otros casi 19 meses. La situación fue regularizada en agosto de ese año, cuando la se reconoció y mandó a pagar la deuda acumulada de 13.530 pesos.
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