Ayer, en la apertura del ciclo lectivo, el gobernador Juan Manuel Urtubey reiteró una advertencia que viene resonando como un río crecido desde hace algunos días: las operadoras de los yacimientos que no levanten cabeza con sus producciones de gas y petróleo podrían perder sus concesiones.

“Sí, es posible que eso pase”, respondió el mandatario salteño, tajante, ante una consulta sobre las probables rescisiones de contratos que anunciaron también el Gobierno nacional y los gobernadores de otras provincias hidrocarburíferas.

Urtubey recordó que el pasado viernes, en el seno de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi), se definió un reclamo perentorio en materia de inversiones. Y la principal destinataria del ultimátum fue la expetrolera argentina con la que Sebastián Eskenasi amasó ganancias inversamente proporcionales al derrumbe de las cuencas del país.

“En nuestra provincia YPF es la principal operadora: tiene el 80% del mercado”, subrayó Urtubey en la víspera, sin dejar dudas sobre las responsabilidades que se le adjudican a la subsidiaria del grupo Repsol en la pérdida del autoabastecimiento energético del país.

Mucho se especula por estas horas sobre el distanciamiento de la presidenta Cristina Fernández con Eskenasi y la suerte que podría correr YPF, ya sea con una intervención o con una menos probable ley de reestatización.

Lo concreto es que, después de ocho años de sistemática negación, todo el arco dirigencial oficialista admite la larga ausencia de inversiones, los dramáticos retrocesos de las producciones hidrocarburíferas y la pérdida del autoabastecimiento energético del país.

El Gobierno nacional, por cierto, aportó a esta crisis con sus intervenciones de precios y su actitud concesiva frente al progresivo abandono de los yacimientos argentinos.

Las petroleras no decidieron por sí solas la reorientación de la política energética del país hacia importaciones cada vez más grandes y costosas de gas natural, GNL, fueloil y gasoil. Y en este juego de reglas asimétricas, Salta fue la que más perdió, porque las empresas que operan sus yacimientos optaron por invertir al otro lado de la frontera, en Bolivia, donde el gas les reditúa más ganancias.