La discusión por el presupuesto para el Poder Judicial es una instancia que se reedita anualmente en las vísperas del envío del mensaje del Ejecutivo a la Legislatura. En este caso, una vez más, vino precedida por un fuerte reclamo del presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, para duplicar las partidas, que actualmente importan el 2,5 % del total. Y también por las respuestas del ministro de Justicia, Héctor Superti, en el sentido de que los recursos que demandará la reforma procesal penal estarán previstos en la órbita de las carteras respectivas del Poder Ejecutivo.

Tras una reunión con el ministro de Economía, Angel Sciara, cuya concreción se dilató más de lo previsto, la Corte acortó camino y solicitó una audiencia con Hermes Binner, a la que acudirán los seis ministros mañana al mediodía (no lo haría el procurador Agustín Bassó). El mandatario, en tanto y en principio, estará acompañado por sus dos colaboradores mencionados.

Naturalmente, el acostumbrado tironeo estacional está fuertemente incidido por la administración de los recursos atinentes al nuevo sistema procesal penal -particularmente en lo que hace a la creación de cargos-, pero también a la propia implementación.

Al respecto, Superti informará públicamente mañana en su despacho sobre la designación del cuerpo de Fiscales y el de Defensores que exige el nuevo formato inquisitivo, cuyos candidatos a integrarlos -varios de ellos, reconocidas figuras del mundo del derecho y de la política- atravesarán el próximo lunes la prueba de oposición, ante un jurado de notables de rango internacional.

Cambio de prácticas

“Se trata de un hecho histórico, que implica un cambio de concepción política en materia de justicia penal”, sintetizó el ministro Superti. En tanto, Alberto Binder, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), subrayó que “no es un simple cambio de Código Procesal, sino de prácticas muy profundas, de modos tan profundos de enfrentar tanto el problema de la persecución de la criminalidad como de la defensa entre los imputados. Es lógico que haya tironeos, eso no nos parece relevante. Lo que sí es relevante es la voluntad política y el concurso de voluntades que se van dando día a día para sacar esto adelante”.

Agenda ampliada

No todas las visiones son coincidentes al respecto, y otros analistas hacen notar que, pese a la instancia del próximo lunes, lo concreto es que los fiscales y defensores generales, regionales y adjuntos, todavía no están designados. Y tampoco está definido donde tendrán su asentamiento físico los nuevos institutos. Todo lo cual cobra relevancia frente a la inminencia del último plazo dispuesto para la entrada en vigencia definitiva y plena del nuevo Código, un ya prácticamente impensable 1º de febrero del año próximo.

La Corte, en tanto, agregó a la agenda del encuentro de mañana otros temas que no están vinculados a la reforma penal, pero sí al “colapso” del fuero laboral -que ya fue tratado en sucesivas reuniones de las autoridades con los colegios de abogados- y también del fuero contencioso administrativo.

Inédito

Por primera vez en la provincia, el próximo lunes se llevará a cabo la prueba de oposición en el concurso para elegir fiscal general y defensor provincial, las máximas autoridades del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal. También es inédito el modo de selección: habrá jurados nacionales e internacionales, los candidatos tendrán que defender un plan de trabajo presentado previamente en el marco de una audiencia pública y la ciudadanía podrá hacerles preguntas.