En oportunidad de dialogar ayer con la prensa al término del acto de egreso del Instituto Superior de Seguridad Pública realizado en Alto Comedero, el gobernador Walter Barrionuevo dijo que en las continuas conversaciones establecidas entre funcionarios del Poder Ejecutivo, legisladores y dirigentes de los gremios estatales por una recomposición salarial "se fue desarrollando la posibilidad de un viaje (a Buenos Aires) para mantener una reunión con autoridades nacionales, la cual ha surgido en forma espontánea a partir de la dificultad que existe dada la envergadura de los números que estamos hablando" no obstante que "continuamente recibimos una ayuda extraordinaria por encima de la coparticipación federal".
En efecto, antes que hablar de las demandas gremiales, el jefe del Ejecutivo puso énfasis en señalar que "en realidad el Gobierno Nacional ayuda todos los meses" a Jujuy y en tal sentido recordó que "en el 2009 hemos recibido aproximadamente 250 millones de pesos por encima de la coparticipación, eso implica veinte millones de pesos por mes".
Luego, en referencia a los cálculos trazados en torno a los planteos salariales de los trabajadores estatales dijo que "son realmente significativos, y para que tengamos una idea son sumas equivalentes a lo que es el déficit del presupuesto 2010 a lo largo de un año".
Dado que la situación que atraviesa la Provincia es "delicada y complicada", Barrionuevo planteó que "la alternativa es que unamos esfuerzos el Poder Ejecutivo, los gremios y las organizaciones sociales, para viabilizar en el curso de la semana próxima esta posibilidad", la de integrar una delegación jujeña que viaje con destino a la Casa Rosada para hacer escuchar sus necesidades.
En otro orden de cosas, aunque siempre en la misma coyuntura, ante las preguntas de los periodistas el Gobernador marcó como punto de partida que el Ingenio La Esperanza "es una empresa privada" y tras deslizar como acotación que "si no podemos pagarles a los nuestros...", puso en relieve que "el Gobierno de la Provincia hace muchos años que viene solventando la interzafra y si no fuera por ello el ingenio hubiera cerrado".
Allí aprovechó para referir que "el año pasado se invirtió alrededor de nueve millones de pesos que todavía no han sido reintegrados" a la Provincia. "De todos modos -señaló-, esto no quiere decir ‘que se las arreglen solos’, ya que siempre estamos apoyando, pero justo (el conflicto) ha tocado en un momento donde se junta todo: el reclamo estatal, la disminución de la coparticipación y el problema de esta empresa privada".
No obstante lo complicado del panorama, "confío en que se va revertir la situación en la que están sumidos los trabajadores, que seguramente se va a destrabar en los próximos días" (ver información en pág. 13) y con optimismo destacó que es importante que haya varios interesados en comprar el Ingenio La Esperanza: "Si hubiera veinte interesados, mejor, ya que tiene que haber inversión privada para afrontar los meses previos a la interzafra", apuntó.
Luego de esto abordó un último tema, que fue lo referido al reemplazo del juez Héctor Tizón en la vacante que dejó como miembro del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia. Tras destacar el desempeño del magistrado "que dedicó muchos años de su vida al Poder judicial, y se ha despedido para acogerse al beneficio de la jubilación", dijo que "no se va a demorar esa cobertura y tal vez en el curso de marzo se remitirá los pliegos" de los postulantes que propondrá el Poder Ejecutivo.
Fue modificada la ordenanza
referida al aumento del boleto
Con ese trámite quedó oficializado el calendario de aumentos graduales que afrontarán los usuarios.
La sesión extraordinaria de ayer -segunda del período- cumplida en el Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy tuvo como punto saliente la aprobación de la modificación a la ordenanza 5753/09 sancionada el año pasada y referida a la aplicación de una nueva tarifa en el servicio de transporte urbano de pasajeros en el segmento de los colectivos.
De esta manera, se plasmó en papel la decisión del cuerpo surgida del acuerdo alcanzado entre los concejales, dirigentes vecinalistas y de organizaciones sociales, empresarios y diferentes instituciones del medio en torno a postergar el impacto que tendría un aumento en el precio del boleto.
La modificación aprobada estipula que el aumento del pasaje de colectivo se dará en forma progresiva y recién en mayo costará $1,75. El esquema que satisfizo a los representantes de los Centros Vecinales y las organizaciones sociales determina que el boleto seguirá costando $1,50 hasta el 6 de abril, a partir del día siguiente -que será miércoles- costará $1,60 y finalmente desde el viernes 7 de mayo comenzará a regir la tarifa aprobada el año pasado, es decir $1,75.-
Las empresas de transporte colectivo habían notificado la semana pasada al intendente Raúl Jorge que, como se había establecido en un acuerdo anterior, a partir del jueves 4 del corriente pondrían en práctica la tarifa que fijaba el boleto en $1,75. Los reclamos de los usuarios no se hicieron esperar y así fue como el miércoles se vivió horas de tensión en el edificio parlamentario de barrio Los Huaicos cuando dirigentes, concejales y funcionarios municipales no encontraban salida a la crisis, más cuando se dio lectura a la respuesta negativa de la Secretaría de Transporte de la Nación al pedido de aportar algún tipo de subsidio a las empresas para morigerar los efectos de la ordenanza 5753/09.
En cambio, según se indicó, serán la Municipalidad capitalina y la Provincia las que subsidiarán a las prestatarias del servicio para cubrir la brecha entre lo que paga ahora el usuario y el valor de $1,75 que reclaman las empresas, mientras dure el efecto de este nuevo calendario dispuesto para los aumentos graduales.
VOCES PARLAMENTARIAS
La modificación a la norma mencionada fue aprobada con el voto afirmativo de todo el Bloque Radical y de los concejales Pedro Ascárate, Luis Cosentini y Gustavo Agüero la edil Patricia Armella manifestó su voto negativo mientras que no concurrieron a la sesión Marcelo Quevedo Carrillo y Rita del Valle Robles.
En diálogo con los periodistas tras la sesión, el presidente del Concejo, Juan Carlos Abud Robles, señaló que "la función del Municipio es lograr un equilibrio entre la excelencia del servicio y la atención del reclamo de los diferentes sectores. Amén de que las empresas siempre tuvieron beneficios, también se piensa en el usuario, por ejemplo los mayores de 70 años, los ex combatientes y los discapacitados no pagan boleto" hizo notar, como también subrayó que "el precio del boleto escolar es el más bajo de todo el país".
Antes en el recinto el concejal de Lyder, Pedro Ascárate, había reconocido que "la realidad fue mostrando la imposibilidad de la aplicación de la norma aprobada" y aunque "con esto -la postergación del aumento- no se soluciona en forma definitiva el tema" consideró que "se va satisfaciendo a las partes interesadas".
También adelantó que "acompañaré las gestiones que se hará con el Gobierno para que no suba el boleto" pero paralelamente señaló a sus colegas legisladores: "Vamos a tener que extremar medidas para que el beneficio pueda llegar seguro a los beneficiarios, es decir, controlar más a los empresarios. Este ha sido un gran paso sin que signifique la resolución del problema, la solución es el llamado a licitación", puntualizó.
Por su lado, el justicialista Luis Cosentini puso el acento en que "se ha logrado mantener la tarifa escolar porque estamos priorizando la educación pública" y señaló que el instrumento aprobado fija en $1,50 el abono particular, beneficio que será otorgado a todos aquellos usuarios que adquieran los abonos en forma anticipada, en una cantidad de entre 10 y 90 pasajes. A tal efecto, las empresas deberán habilitar tres bocas de expendio, una de las cuales deberá estar ubicada en el casco céntrico de la ciudad.
Desde el oficialismo, el concejal Rodolfo Nieto agradeció "la predisposición del Bloque Justicialista, intercediendo ante la Provincia para conseguir subsidios" y en sintonía con Ascárate anunció que "en corto plazo estaremos definiendo los pliegos del llamado a licitación, porque apuntamos a ese camino".
En tanto la edil Patricia Armella, que no obstante su voto negativo se comprometió a "trabajar para llegar a una solución seria", apuntó que "hay que dar una seguridad jurídica" a los actores en el tema y que "este problema se soluciona con el llamado a licitación" del servicio de transporte urbano de pasajeros.




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