El gobernador Capitanich anunció este jueves la promulgación de la Ley 6817, que pone en marcha el proceso de regulación y reglamentación del Defensor del Pueblo de la Provincia. La función del Ombudsman será la de peticionar ante el Estado en interés de los habitantes del Chaco, competencia que abarca a los tres poderes, y a empresas estatales o subsidiadas.
El gobernador estuvo acompañado del vicegobernador, Juan Carlos Bacileff Ivanoff; el ministro de Gobierno, Juan Manuel Pedrini; y los diputados, Juan José Bergia (presidente del Cuerpo); Oscar Mateo Raffín (vicepresidente) y Ricardo Sánchez (presidente del bloque Frente Chaco Merece Más).
El plazo de duración será de 4 años, con posibilidad de ser reelecto. El defensor del Pueblo deberá reunir los mismos requisitos que para ser diputado, con las mismas inhabilidades, inmunidades y privilegios, es decir, que también puede ser removido a través del mecanismo del juicio político.
Tras la promulgación del decreto 1.141, se establece 60 días para la designación de quienes realizarán la designación, “la cual es competencia exclusiva y excluyente de la Cámara de Diputados”, agregó Capitanich.
En ese contexto, el gobernador recordó que “el cuerpo legislativo ha decidido establecer un sistema audiencia pública con el objeto de garantizar un máximo nivel de transparencia de los postulantes y lograr el máximo nivel de confiabilidad para la defensa del interés público”.
El gobernador recordó que quien sea elegido defensor del Pueblo, iniciará sus acciones con una nutrida agenda pública. En ese marco enumeró temas a tener en cuenta por el Ombudsman como ser “la defensa del interés público respecto de la regulación del comercio (pesos y medidas, expendio de combustible, la venta de la garrafa social); así como la regulación del
medio ambiente (como ser el tratamiento de residuos urbanos, patológicos y peligrosos y la aplicación efectiva de la ley de biocidas, entre otros).
AVANCES CON LA CALIDAD INSTITUCIONAL COMO BANDERA
Capitanich resaltó que la designación del Defensor del Pueblo, se encuadra en dentro de la “calidad institucional que desde el Gobierno advertimos como una bandera absolutamente necesaria para el desenvolvimiento de la actividad pública en la provincia”, señaló.
El primer mandatario provincial recordó que desde el Gobierno se han promovido varias acciones tendiente a mejorar la calidad institucional como ser: contar con “un sistema transparente de designación por concurso y antecedente y oposición para los miembros del Superior Tribunal de Justicia (STJ); se promovió una acción de inconstitucionalidad a designaciones del mencionado cuerpo judicial, por entender que no se habían cumplido los
mencionados requisitos con anterioridad”, dijo.
Además recordó que se alentó una reforma al instituto del Amparo, con el fin de volver a los principios fundacionales establecidos en la constitución provincial.
Se promovió una política de derechos humanos activa, con la defensa irrestricta de los principios de memoria, verdad y justicia, convirtiéndose el Estado provincial en querellante de las causas – como ser los casos Caballero y Margarita Belén-. Además “estamos instituyendo el voto electrónico, como un método transparente de votación para las elecciones del 18 de septiembre”, enumeró.
Por otro lado, resaltó la labor de los diputados y recordó que “se ha tenido una interacción adecuada con el Poder Legislativo. Es bueno remarcar que se espera superar las 160 o 180 sanciones legislativas, muchas de ellas promovidas por el Ejecutivo”, agregó.
Capitanich resaltó: “Hemos podido desempeñar nuestra función en el marco de la más absoluta e irrestricta libertad de expresión, de reunión y de asociación, sin represión de ninguna naturaleza, y eso es muy bueno para el mejoramiento sustantivo de la calidad institucional”.
Del mismo modo, “hemos establecido un procedimiento de autolimitación para la designación por concurso y antecedentes del Contador, Subcontador, Tesorero y Subtesorero de la Provincia”, agregó.




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