Desde que YPF fue expropiada y su manejo pasó a manos del Estado nacional, la mayor petrolera del país se transformó casi en "intocable". Tal vez por ese motivo el gobernador Francisco Pérez decidió anular una multa que el Consejo Profesional de Ingenieros y Geólogos de Mendoza le había impuesto a la empresa.

A través del decreto 1.115 del 21 de junio de este año, que fue publicado hoy en el Boletín Oficial, Pérez aceptó el reclamo que realizó YPF y revocó dos resoluciones del Consejo Profesional de Ingeniero y Geólogos de la provincia.

Lo llamativo del caso es que cuando comenzó el proceso para sancionar a la petrolera (en ese momento todavía pertenecía a Repsol) la Asesoría Letrada del Ministerio de Gobierno consideraba correcta la multa. Pero luego, ya con la empresa "reestatizada", el mismo organismo cambió de parecer y dictaminó lo contrario.

El Consejo de Ingenieros y Geólogos impulsó la sanción porque consideró que la petrolera conducida ahora por Miguel Galuccio había formado con Occidental Argentina en 2010 una Unión Transitoria de Empresas (UTE), por lo cual debía inscribirse en el registro que controla la entidad profesional.

La UTE, según el Consejo, realizó "una actividad distinta que la desarrollada por su operador YPF S.A. por lo que debe ajustarse a una nueva inscripción y control por parte del Consejo".

La petrolera se defendió asegurando que "se encuentra inscripta con anterioridad al emplazamiento, ya que es quien desarrolla la actividad sujeta a control". Y en su presentación sostuvo que la UTE no es una nueva empresa y que se tergiversó "la finalidad establecida por el Dec. Ley N° 3485/63 respecto del cometido que tiene el Consejo Profesional de Ingenieros y Geólogos de Mendoza, cual es la de regular una actividad profesional y ejercer el control de los profesionales y sujetos que desarrollen tareas afines por una finalidad recaudatoria".

Teniendo en cuenta que el Poder Ejecutivo ejerce funciones de contralor sobre el Consejo Profesional y que puede revisar sus resoluciones, Pérez decidió a través de un decreto aceptar el reclamo de YPF y anular la multa contra la petrolera.