La situación con la defensoría es un ejemplo que los intetgrantes del Poder Judicial esgrimen a la hora de criticar la falta de celeridad del gobernador para atender las necesidades del sistema judicial. No se trata de una cuestión de recursos, sino de apego al cumplimiento de los requerimientos del mecanismo de designación.

Ante un informe solicitado al Consejo de la Magistratura por El Diario sobre las designaciones y coberturas de vacantes en el Poder Judicial, desde el organismo detallaron las situaciones de los concursos abiertos y en marcha.

El Consejo informó que en la Defensoría en lo Civil Nº 2 se conformó la terna con Ana Carolina Díaz, Sergio Gustavo Montano y Daniela María José Zaikoski Biscay. Fue elevada en junio de 2011 al gobernador Oscar Jorge para que proceda a la designación. Pero el expediente descansa en el despacho del mandatario desde esa fecha.

Esta actitud del gobernador se suma al bloque sufrieron los concursos ante un artículo de la ley de reforma del Poder Judical que establece que los funcionarios que acceden a un cargo por concurso deben permanecer en el miso por un períod de 3 años.

Además un juzgado civil de General Acha está vacante. Allí el gobernador pretende designar a Luis Enrique Fazzini, al igual que un sector del Poder Judicial. Pero como Fazzini no ganó el concurso, la oposición se negó a votar su pliego. No se convocó a un nuevo concurso.

Finalmente desde hace 16 meses el Superior Tribunal de Justicia tiene menos integrantes de los cinco que indican la ley. Primero por el fallecimiento del juez Julio Alberto Pellizzari.

Mientras se definia la cobertura de ese cargo estalló el escándalo de la jueza Rosa Vázquez quien tuvo un duro cruces con los otros ministros. Vázquez eligió la renuncia para salir del escándalo.

Mientras la jueza jubilada Victoria Elena Fresco cubrió al vacante que generó el fallecimiento de Pellizzari, el lugar que dejó Vázquez nunca fue cubierta por el gobernador Jorge. Para esa vacante se manejaron los nombres de Carlos Lorda (quien apareció enredado en un oscuro acuerdo con los ex policías cesanteados por el ex gobernador Rubén Marín por su actuación en la Dictadura), Carlos Amado (también envuelto en ese affaire) y José Mario Aguerrido (quien vio frustrada su carrera al pelear por un cargo de juez federal por su actuación en un boliche nocturno, situación que ocultó al Consejo de la Magistratura nacional), nombres severamente cuestionados por esas situaciones.

Mientras está pendiente la designación del quinto intergante del Superior Tribunal de Justicia tal vez por cuestiones de ‘timming’ político, el gobernador Oscar Jorge demora inexplicablemente la designación en una defensoría civil cuya terna descansa en el escritorio del mandatario.