Esta semana la administración pública comenzará a percibir los salarios con el primer tramo del aumento retroactivo a febrero, mientras que la atención de muchos funcionarios de segunda y tercera línea se comienza a centrar en el “achatamiento” de la escala salarial que va desde los directores generales hasta el propio gobernador, José Manuel de la Sota.

Los fríos números demuestran hoy que cualquier legislador o juez de primera instancia gana alrededor de 20.000 pesos mensuales, mientras que De la Sota en su declaración jurada presentada al asumir la titularidad del Gobierno provincial, expresó un ingreso de 13.173,09 (escala que no se modificó todavía) y que representa un 30% menos de sueldo que los funcionarios arriba mencionados.

Mientras el gobernador con el 25% de aumento estará percibiendo en noviembre un emolumento de aproximadamente 17.000 pesos, un legislador o un juez de Primera Instancia estarán cobrando 25.000 pesos, agrandando la brecha en el salario a una diferencia no ya de 7.000, sino de 8.000 pesos por mes.

Esto sin mencionar los salarios de un vocal de Cámara, que actualmente percibe unos 25.000 pesos o un vocal del Tribunal de Justicia que se sitúa en unos 33.000 pesos. La Legislatura provincial meses pasados congeló hasta noviembre de este año la ley que autorizaba a los miembros del Poder Judicial a “engancharse” con los sueldos de sus pares nacionales. Esta ley sancionada durante la gestión de Juan Schiaretti hubiera impulsado los salarios mucho más arriba aún, poniendo a las arcas provinciales en un enredo para cumplir con los salarios. Otro dato a tener en cuenta, es que con la cláusula de “intangibilidad”, los funcionarios de la Justicia no tributan Impuesto a las Ganancias como cualquier trabajador soltero a partir de los 5.782 pesos, o casado que supere los 7.998 pesos.

Sin embargo, a la Justicia les llegará el incremento del 25 por ciento en tres etapas, al igual que a los empleados públicos, docentes, Policía y Servicio Penitenciario, entre otros.

A medida que se desciende en el escalafón de la planta política, las voces de descontento van en un constante “in crescendo”. Aunque nadie en público saldrá a cuestionar los sueldos, entre las paredes asordinadas del Centro Cívico son muchos los que comparan sus recibos de sueldo con los empleados de planta permanente. Un ministro percibe cerca de 13.000 pesos y un viceministro 12.390. Mucho menos gana un director general, que está unos 500 pesos más abajo que un director de Jurisdicción (personal de planta no política con estabilidad por concurso por cinco años) con 15 años de antigüedad.

Un director de Jurisdicción percibe en la actualidad, con 13 años de antigüedad y título, casi 11.000 pesos y con el aumento del 25% finalizará cobrando en noviembre 13.800 pesos.

Así el “achatamiento” salarial se siente con mayor intensidad en estas segundas y terceras líneas de la planta política, que en muchos casos sus salarios se ven superados por los del personal de planta con cierta antigüedad y bonificación por título, más allá que la noticia de la semana serán los primeros recibos de sueldo que llegarán con un 12% más aproximadamente.