Estuvo acompañado por Inés Brizuela y Doria y los representantes de la Agrupación Peronista La Rioja Federal y Convergencia Riojana, Hugo Vergara y Miguel Medina respectivamente.La posición fue marcada por los dirigentes opositores, frente a la decisión del Poder Ejecutivo –comunicada a través de la prensa-, de su propósito de completar el Tribunal Superior de Justicia riojano, al mismo tiempo que los pliegos ya fueron enviados por el Gobernador a la legislatura provincial.

“Si bien la Constitución le otorga al Gobernador la facultad de proponer los miembros que integrarán el máximo órgano judicial -sostuvo Martínez-, el ejercicio de esa facultad no es absolutamente discrecional. El ejercicio de ella está reglamentado mediante el Decreto 473/04, firmado por el entonces Gobernador Maza y, por quién en ése entonces desempeñaba el cargo de Jefe de Gabinete de Ministros, Luis Beder Herrera. Ni siquiera cumple con un instrumento legal que él mismo firmó” disparó el legislador.

La norma citada establece un mecanismo de publicidad PREVIO al ejercicio de la facultad otorgada al Gobernador, y su objeto es lograr una correcta valoración de las aptitudes morales, idoneidad técnica jurídica, trayectoria e imparcialidad de las personas a ser propuestas para cubrir dichos cargos. Se fundamenta en el principio republicano de publicidad de los actos de gobierno.

El Decreto 473 es de fecha 13 de abril del año 2004 y fue publicado en el boletín oficial 10 días después. El mismo tiene plena vigencia y está firmado por Angel Maza como Gobernador, y refrendado por LUIS BEDER HERRERA como Jefe de Gabinete de Ministros, la Ministro de Gobierno y ahora Diputada Provincial Alejandra Oviedo.

Durante el encuentro con la prensa, Martínez resaltó la actitud del Gobierno Nacional en la conformación de la Corte Suprema de Justicia. Allí “se designó gente destacada en lo académico como Eugenio Zafaroni, Carmen Argibay Molina, Elena Highton de Nolasco, quienes no eran amigos del poder” –señaló Julio Martínez. “Hay muchas cosas que Beder tendría que imitar de la Presidenta”, y resaltó la realidad provincial de estas propuestas: “Acá se propone gente que no sabemos si tiene actuación como académicos, catedráticos, como autores de literatura jurídica trascendente. Si se cumplimentara el proceso previsto por el Decreto 473, podríamos conocer los antecedentes, méritos y formación técnica jurídica de los postulantes. Pero lo que es más peligroso es la afinidad o amistad entre los postulantes y el gobernador, incluso uno de ellos es pariente por afinidad del primer mandatario” criticó con dureza Martínez.

“Acá se prevé un procedimiento que es muy simple, una vez que el gobernador hace la propuesta a los postulantes en particular ellos deben aceptarlo ante la función ejecutiva y luego deben presentar declaración jurada patrimonial propia, de su conyúge y sus hijos” explicó Inés Brizuela y Doria.

“Además -agregó- se debe conocer sus antecedentes laborales, para qué estudios jurídicos trabajó y lo más importante es saber los clientes a quienes han representado en los últimos cinco años, a los fines de determinar si existen incompatibilidades o conflictos de interés. Todo esto es necesario para saber si la persona que va a ocupar el máximo órgano de justicia va a tener la imparcialidad que hace falta en la cabeza del poder judicial”. Allí también recordó que la normativa establece que toda ésta información debe ser publicada durante 3 días por los diarios de circulación local, momento a partir del cual se abre un período de 15 días para formular observaciones a los postulantes. Si bien estas observaciones no son vinculantes, si el Gobernador insiste y eleva los pliegos a la Legislatura, debe también asumir el costo político que ello implica.

“Lo importante del procedimiento previo, es la publicidad. Los ciudadanos pueden acceder a la información y eso lleva transparencia al proceso, seguridad jurídica a la sociedad, y eleva la calidad institucional, tal proclamada por este gobierno”-remarcó Brizuela y Doria.

“Ningún porcentaje electoral justifica la inobservancia de las leyes vigentes. Ganar una elección, no es suficiente para sustituir la ley por el capricho del gobernante” –remató Guito Vergara-