El decreto dice: “Aplicar al agente Hugo Nelson Agüero, DNI 7.368.484, la sanción de exoneración, por aplicación del artículo 80 inciso f), de conformidad con lo normado por el artículo 86 inciso a), de la Ley Nº 1.124 y sus modificatorias”, especifica el decreto.

Agüero era docente en el Estado Provincial. Desde el año pasado está preso en la Unidad Penal 4 cumpliendo la condena a cinco a años de prisión que le aplicó en el año 2007 la Cámara del Crimen 1 de Santa Rosa por los delitos de peculado (sustracción de caudales públicos) y cohecho (pago de coimas). La misma pena está cumpliendo el ex gerente de ese organismo y compinche de Agüero, Luis “Tito” Araniz. Los dos recién fueron detenidos en junio del año pasado cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la condena.

La Cámara 1 comprobó que de dos cuentas, una del Banco Hipotecario Nacional (con el recupero de cuotas) y otra de Gastos de Inspección, se desviaron 960.456,21 pesos que no ingresaron a las arcas del IPAV y con los cuales se realizaron gastos sin ningún tipo de control.

En julio pasado el gobernador Jorge también había exonerado a tres ex empleados del IPAV que también habían sido condenados en el escándalo del IPAV. Se trata de Mirta Isabel Rodríguez de Tieri, Walter Raúl García y Juan Cono D’Amico.

La Cámara había condenado a tres años de prisión e inhabilitación perpetua por peculado a Rodríguez de Tieri, ex jefa del área contable del IPAV. El ex tesorero García fue castigado con dos años de prisión e inhabilitación perpetua por el mismo delito. D’Amico, ex presidente del Club Rucalén y ex jefe de Compras del IPAV, fue condenado como partícipe secundario del peculado a un año de prisión.

Ayer se conoció que el gobernador Jorge rechazó la nulidad y el recurso de reconsideración que interpuso D’Amico al decreto que lo echó del IPAV.

En la causa del IPAV también fue condenado el ex contador fiscal del Tribunal de Cuentas Rubén Ángel Naval a un año de prisión, inhabilitación perpetua y una multa de 48.000 pesos por recibir coimas menores. Y finalmente Susana Beatriz Mansilla (la esposa de Araniz) había sido condenada a pagar una multa de 53.000 pesos (en cuotas mensuales de 500 pesos) por el delito de malversación culposa.

Devolución

Después de las condenas penales y con retraso el Gobierno Provincial inició causas para que los responsables devuelvan el dinero de la estafa.

En abril de este año, la jueza Gabriela Pibotto se hizo cargo de la demanda del Estado contra Agüero y Araniz. El abogado José Mario Aguerrido -defensor de Rodríguez- anticipó su criterio: “La causa está prescripta”. Su criterio es que se aplica el artículo 4037 del Código Civil, que señala que “la acción por responsabilidad civil extracontractual”, a partir de la comisión de un delito, caduca a los dos años. En ese momento el profesional le dijo a El Diario que la propia Fiscalía de Estado abrió la puerta a esa posibilidad al no haberse presentado como querellante en la investigación penal, situación que hubiese suspendido los plazos prescriptivos.