Un trecho pequeño separa al uso del abuso en materia de reglas jurídicas. Aquella distancia se achica todavía más cuando lo que está en juego es un instituto procesal discutido como la recusación sin (expresión de) causa. "Si bien todo lo que no está prohibido está permitido, ningún principio constitucional es absoluto... El Estado no puede comportarse como un particular y recusar sin causa", condenó René Goane, vocal decano de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.

A comienzos de la semana pasada, la Fiscalía de Estado empleó ese mecanismo para apartar a Goane de la revisión de la trascendente sentencia de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo dictada en el expediente impulsado por el Movimiento Popular Tres Banderas. El fallo en cuestión declaró nulos e inconstitucionales dos aspectos de la reforma constitucional de 2006: la integración de la Junta Electoral Provincial con mayoría del poder político y la prohibición de obligar a un funcionario a tomar licencia previa a los comicios por el hecho de ser candidato (incisos 14 y 16 del artículo 43 de la Carta Magna -ver "Cronología..."-).

"El Estado no puede especular con el resultado de un pleito porque no defiende intereses particulares (de un Gobierno) sino la vigencia del ordenamiento jurídico según la interpretación de los jueces", opinó el vocal decano. Además, cargó contra Pedro Giúdice, fiscal de Estado: "es un funcionario independiente e inamovible porque tiene que decir el Derecho aún en contra de la voluntad del mandamás (sic). El fiscal de Estado no recibe órdenes del gobernador, no puede invocarlas; no tiene relación de subordinación. No es, en definitiva, un abogado de José Alperovich".

Ejemplo de sujeción

El Gobierno emplea cada vez más la recusación sin causa, según Goane, que también fue apartado de una de las causas que cuestionan la re-reelección del gobernador. "Hay que revisar esta potestad tan controvertida. En muchas jurisdicciones directamente no está permitida o nunca se aplica para separar a un miembro de un superior tribunal", objetó tras precisar que la recusación sin causa nunca es infundada.

"Este instituto puede ser tolerado en los juicios entre particulares donde, por ejemplo, se intenta evitar que un juez que falla de una manera desfavorable a la pretensión de una de las partes intervenga en el pleito. Es una especulación reñida con la ética, pero se la puede tolerar. Resulta sin embargo inadmisible en el caso del Estado", reflexionó.

El Poder Ejecutivo debe dar ejemplo de sujeción a las decisiones judiciales, según el criterio de Goane. "La doctora Carmen Argibay (vocal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación) recordó esto al tilingo (sic) que surgió de la componenda constitucional de 1994... el jefe de Gabinete (Aníbal Fernández) cuando hace poco dijo: ’si el Gobierno se alza contra las resoluciones de la Justicia, desaparece el Estado de Derecho: los jueces estamos de más y todo debe resolverse por la ley de la selva’", agregó.

Goane advirtió que aquella situación comienza a ser frecuente. "Antes jamás sucedía esto. El Estado no usaba la recusación sin causa", insistió. Y dejó picando este aviso: "hay que entender que el señor gobernador es el señor gobernador y yo soy vocal de la Corte, guste o no".