Aplicando un rigor que, en general, estuvo ausente durante largos años de la historia institucional pampeana, la Justicia Federal brindó su aporte a esa pelea por ver la luz, a partir de que la fiscal Marta Odasso puso bajo la lupa a dos gobernantes de nuestra provincia: el intendente de 25 de Mayo, David Bravo y la ex intendenta de General Acha, María Elena García.

En ambos casos, la presunción es que los funcionarios municipales (hay otras autoridades de menor rango, de esas mismas localidades, en las misas condiciones) no cumplieron con sus deberes elementales, al permitir la habilitación y el funcionamiento de locales nocturnos en los que, bajo el nombre de cabaré, se ejercía la prostitución.

El modo en que la conciencia ciudadana ha avanzado en los últimos años en nuestra provincia respecto de estas problemáticas, quedó expuesto no sólo en ese rol de la Justicia (ahora es esperable que el planteo de la fiscal no quede en la nada y el magistrado que adopte las decisiones siga un mismo camino), sino también durante las Jornadas Abolicionistas sobre prostitución, que tuvieron lugar en la capital pampeana.

En ese encuentro, que sirvió para el debate y la discusión, la vicegobernadora Norma Durango hizo fuertes definiciones políticas, entre ellas considerar claramente que los “clientes” de la prostitución tienen como “prostituyentes” -que es lo que son- un grado de responsabilidad respecto de las consecuencias finales de esas prácticas asociadas al negocio mafioso.

A partir de lo que dijo la vicegobernadora, y también tras las primeras palabras de la nueva del Consejo de la Mujer Elizabeth Rossi, lo más lógico resultaría que el gobierno provincial al fin se ponga en marcha para hacer todo lo que no hizo en los últimos años, en que se dedicó a meter la basura bajo la alfombra: el poder político es responsable de que no haya en la provincia una ley que prohiba el funcionamiento de locales nocturnos destinados a la prostitución, como sí ocurre en los municipios que han aplicado ordenanzas en ese sentido.

Las movilizaciones que en la semana hubo para recordar la desaparición de Andrea López, hace 8 años, fueron otra demostración de la atención que la comunidad está prestando a la problemática, mientras se aguarda la indagatoria que por ese caso se le tomará al ex boxeador Víctor Purreta.

El ex marido de la joven desaparecida -que aparece bajo sospecha- intentó defenderse durante una entrevista con El Diario, que significó su primera referencia pública al tema en 8 años: atacó a la familia de la víctima y reconoció que era una persona violenta, pero siguió negando su culpabilidad en el caso aunque -admitió- sabe que nadie le cree.

...y una de arena...

A contramano del clima que vienen describiendo las líneas precedentes, durante la semana que se fue también el gobierno provincial -que a veces parece integrado por sectores políticos no sólo diversos, sino más bien antagónicos cuando no irreconciliables- justificó con argumentos administrativos la aceptación de la renuncia al cuestionado juez Gustavo Jensen.

Jensen quedó bajo la lupa a partir de que los distintos bloques de la Cámara de Diputados consideraron apropiado un jury para determinar si fue oportunua y decorosa su actuación en el marco del caso que terminó con la vida de Carla Figueroa.

La aceptación de la renuncia de Jensen garantiza la impunidad del magistrado y asegura la imposibilidad de hacer justicia, además de sumar un episodio más a las múltiples evidencias sobre las complicidades del poder político con funcionarios judiciales.

El papel de Jensen en la historia quedó sumamente complicado, sobre todo porque -entre otras carencias de la actuación del juez- ni siquiera se entrevistó con la víctima y el victimario antes de dar su respaldo a la posibilidad del avenimiento.

El modo en que Jensen prefirió huir contrasta, al menos en la postura posterior a los hechos, con la decisión de Carlos Flores se someterse al jury y de defender lo actuado, lo cual sería saludable si los responsables de adoptar una decisión pudieran correrse de las presiones, los intereses personales y políticos y las operaciones de prensa que están a la orden del día.

Flores incluso eligió hablar públicamente durante la semana que se fue: en sus declaraciones no hizo demasiadas referencias a las consecuencias concretas del avenimiento y tampoco hizo hincapié en los resultados de su resolución para la víctima, y sí se dedicó a defender su dictamen y a recordar que la figura que aplicó es parte de la ley.

La situación definitiva del juez, por desgracia, parece haber ingresado en un proceso donde el hecho de ponerse “a favor” o “en contra” puede nublar las miradas y distraer respecto de la imprescindible argumentación, sensatez y honestidad intelectual.

El justificativo de que el avenimiento figura en los códigos aplicables no es suficiente para explicar lo ocurrido, sobre todo porque -aunque Flores se hace el distraído respecto de ese dato- hubo otros 6 funcionarios judiciales que desaconsejaron la posibilidad del avenimiento, que terminó como terminó: con el violador Marcelo Tomaselli en libertad, y dándole muerte a Carla Figueroa.

En ese marco, no viene mal recordar una definición del ejemplar juez Baltasar Garzón, que aunque ahora ha caído en desgracia, supo marcar ejemplos para el ejercicio de esa tarea y explicó claramente cuál debe ser la prioridad de un magistrado: “la obligación del juez -aseveró- es proteger a las víctimas”.