El tiempo siempre es el mejor testigo. ¿Cuántos años hace que este diario viene enfocando como problema central para la salud de las personas, sobre todo en aquelos énclaves poblacionales aledaños o en medio de zonas agrícolas, la utilización masiva de agrotóxicos, en especial endosulfuros y glifosatos...? Muchos. Pero no tantos como los que llevan luchando las Madres de Ituzaingó, un modesto barrio de las afueras de Córdoba, donde fueron detectados centenares de casos de cáncer y malformaciones por fumigaciones aéreas de esos productos. Tras años de luchas, las Madres de Ituzaingó lograron llevar el caso a juicio, y ahora la justicia tiene la oportunidad de sentar un precedente histórico en la materia.

En algún momento en Rojas, donde vivimos a pocos metros de cultivares rebañados a diario con esos tóxicos nocivos, tuvimos la oportunidad histórica de encaminar un debate y tal vez enfilar luego acciones concretas a ese respecto. Pero se erró lamentablemente el objetivo y, tras una serie de idas y venidas inconducentes, todo quedó en nada.

Asimismo ni las administraciones del gobierno municipal de turno de entonces, ni las que siguieron, ni hasta el momento la actual, ha puesto el tema sobre el tapete; muchísimo menos hemos podido contabilizar alguna acción deliberativa en tal sentido: más proclives a la chicana para las cámaras de tele contratadas con la plata del pueblo, nuestros concejales, desde el ’83 a la fecha, no mencionaron nunca la problemática ni, por ende, encarrilaron jamás algún debate sobre la cuestión. Eso sí: no han tenido prurito en defender la «teoria de los dos demonios» como si nada, o en celebrar una farsesca sesión «especial» para congratularse con los sojeros que envenenan nuestro ecosistema y destrozan la fertilidad del suelo... o en poner un hipócrita grito en el cielo por los basurales «a cielo abierto», que nunca intentaron remediar durante cinco administraciones municipales seguidas.

En fin, más que reflejar la incalificable pobreza de la dirigencia política local, apuntamos a consignar la esperanza que se abre para quienes de verdad y en serio somos ecologistas, con la instancia penal iniciada este lunes en Córdoba.

Los agrotóxicos están, por fin, donde deben: en el banquillo de los acusados. Ojalá que el coraje de las Madres de Ituzaingó se replique en iniciativas de la misma naturaleza...

ITUZAINGÓ

El barrio Ituzaingó Anexo, en las afueras de Córdoba, es de casas bajas, asfalto gris y chicos que juegan en la calle. Era como muchos otros barrios, pero hace ocho años ganó notoriedad por la gran cantidad de enfermos de cáncer y niños con malformaciones. Sus habitantes miraron alrededor y comenzaron a encontrar causas de tanto mal: al este, norte y sur había campos de soja, sólo separados por la calle, y las fumigaciones con agrotóxicos llegaban hasta las puertas de las viviendas.

La organización Madres de Ituzaingó, nacida a medida que las enfermedades se multiplicaban, relevó los casos y denunció a empresarios sojeros y a la dirigencia política, por complicidad. Las llamaban “las locas”, pero se convirtieron en pioneras en denunciar la contaminación que provoca este modelo agrario.

A casi una década de las primeras denuncias, la Justicia cordobesa –por primera vez– acaba de prohibir a productores de soja que fumiguen en cercanías del barrio, lo establece como un delito penal y apunta contra el glifosato, el agrotóxico pilar de la industria sojera.

“Fumigar en áreas urbanas viola disposiciones de la Ley Provincial de Agroquímicos y constituye un delito penal de contaminación ambiental, que se pena con hasta diez años de prisión”, explicó el fiscal de Instrucción del Distrito III, Carlos Matheu, que determinó la figura penal de “contaminación dolosa del medio ambiente de manera peligrosa para la salud”.

La medida, que podría sentar precedente para decenas de denuncias de todo el país, impide utilizar agrotóxicos a menos de 500 metros de zonas urbanas y, si las fumigaciones son aéreas, la distancia mínima deberá ser de 1500 metros. El fallo focaliza en dos agroquímicos: endosulfán y glifosato.

AGROTÓXICOS

El endosulfán es un fuerte insecticida utilizado para el control de plagas en algodón, tabaco, sorgo y soja, entre otros. Entre sus principales comercializadoras se encuentra la empresa Agrosoluciones, unidad dedicada al agro de la multinacional química Dupont. Las compañías agroquímicas no mencionan sus efectos sobre la salud, a pesar de que la Red de Acción sobre Plaguicidas (PAN) –integrada por 600 organizaciones de 90 países– afirma que “los efectos del endosulfán incluyen deformidades congénitas, desórdenes hormonales, parálisis cerebral, epilepsia, cáncer y problemas de la piel, vista, oído y vías respiratorias”.

El glifosato es el agrotóxico más conocido de la Argentina. Se comercializa bajo del nombre de Roundup, de la multinacional Monsanto, líder internacional en agrotóxicos y blanco de las denuncias por contaminación ambiental y perjuicio sobre la salud.

Las grandes empresas sojeras reconocen la utilización, como mínimo, de diez litros de Roundup por hectárea. En la campaña 2007-2008, el monocultivo de soja abarcó en la Argentina 17 millones de hectáreas y los campos argentinos fueron rociados, en un solo año, con 170 millones de litros del cuestionado herbicida.

Se aplica en forma líquida sobre las malezas, que absorben el veneno y mueren en pocos días. Lo único que crece en la tierra rociada es soja transgénica, modificada en laboratorios. La publicidad de Monsanto clasifica al Roundup como inofensivo para al hombre.

TREMENDO

En el barrio Ituzaingó Anexo viven cinco mil personas, 200 de ellas padecen cáncer. “Hay casos de jóvenes de 18 a 25 años con tumores en la cabeza. Chicos de 22 y 23 años que ya han muerto. Hay más de trece casos de leucemia en niños y jóvenes”, describen las Madres de Ituzaingó.

“En todas las cuadras hay mujeres con pañuelos en la cabeza, por la quimioterapia, y niños con barbijo, por la leucemia”, lamenta Sofía Gatica, con veinte años en el lugar y referente de la organización, que padeció la muerte de un bebé recién nacido (con una extraña malformación de riñón) y, en la actualidad, su hija de 14 años está en pleno tratamiento de desintoxicación (estudios municipales confirmaron que convive con dos plaguicidas en la sangre).

El subsecretario de Salud de la Municipalidad de Córdoba, Medardo Avila Vázquez, fue el impulsor de la medida cautelar en febrero de 2008. “Cuando vimos los aviones fumigando arriba de las casas, hicimos la denuncia por envenenamiento”, explicó.

El fiscal Matheu ordenó estudios en los patios de las viviendas y confirmó la presencia de endosulfán y glifosato. También allanó galpones de chacareros, encontró tambores con los agrotóxicos y (además de poner un límite a las fumigaciones) procesó a los productores sojeros, al dueño del avión fumigador y al aviador.

“Es un hecho inédito en Córdoba. Hace diez años que ONG y vecinos denuncian intoxicaciones por la soja, y es la primera vez que la Justicia les da la razón, que se privilegia el derecho a la salud y la vida por sobre el derecho a realizar negocios”, celebró el funcionario.

SÉPALO

Un relevamiento de la organización Grupo de Reflexión Rural (GRR), que impulsa una campaña para detener las fumigaciones con agrotóxicos, censó diez pueblos con denuncias sobre contaminación. Uno de los casos testigo fue el barrio Ituzaingó Anexo, donde confirmó alergias respiratorias y de piel, enfermedades neurológicas, casos de malformaciones, espina bífida, malformaciones de riñón en fetos y embarazadas y problemas de osteogénesis.

La Organización Panamericana de la Salud (PS) también llegó hasta el barrio Ituzaingó, convocada por la Municipalidad y preocupada por la gravedad del caso. En agosto de 2007 comenzó a analizar los relevamientos existentes, realizó entrevistas y confirmó las denuncias.

“Se concluye que el barrio Ituzaingó Anexo puede considerarse como un sitio contaminado. Los contaminantes de mayor importancia son los plaguicidas y el arsénico, fundamentalmente en suelo. La presencia de plaguicidas en tanques de agua posiblemente refleje la intervención de la vía suelo-aire”. Tal fue el dictamen.

Entre las imprescindibles acciones recomienda “incrementar el control sobre fumigaciones clandestinas a distancias menores a las permitidas por ley”.

Las Madres de Ituzaingó reconocen que el fallo judicial (realizado el 30 de diciembre último, pero difundido recién esta semana) llegó “cuando ya todo el barrio está envenenado”, pero se entusiasman al pensar que puede sentar precedente: “Son cientos los pueblos que padecen los efectos tóxicos de los agroquímicos sojeros. Es hora de que la Justicia comience a actuar”.

TERRIBLE

Cáncer, leucemias, malformaciones en recién nacidos y alergias en tasas extremadamente superiores a las normales se presentan en el barrio Ituzaingó. Desde el 2001 hasta el año 2010 se detectaron 193 casos de cáncer entre los vecinos, además de otras malformaciones como púrpura o labio leporino.

Marcela Ferreyra abrió la ronda de declaraciones testimoniales en el segundo día del juicio por las fumigaciones ilegales en barrio Ituzaingó. La mujer es madre de un chico que nació con malformaciones en el barrio de la periferia sur de Córdoba capital, donde convivieron múltiples factores contaminantes, entre ellos la fumigación con agroquímicos en los campos aledaños.

Por su lado, Gatica, espera que el tribunal sancioné a los responsables y se establezca que el problema no es solamente barrio Ituzaingó, sino todo el país. Las madres aseguran que no es el final del camino, ya que después de 12 años están convencidas que luchan contra grandes intereses económicos.

«Nosotros sólo tenemos la gente enferma, no tenemos los mejores abogados, pero esperamos que velen por la salud de las personas porque hay muchísimas personas sufriendo las consecuencias de las fumigaciones con agrotóxicos”, señala. Inspeccionarán lugares fumigados

PROCESO

El primer juicio oral y público en Córdoba por fumigaciones con sustancias peligrosas para la salud, cerca de zonas urbanas, comenzó de esta forma este lunes, contra tres productores sojeros y dos aeroaplicadores.

El debate se hace en la Cámara Primera del Crimen de la capital cordobesa y, por decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), se unificarán dos causas similares.

A los imputados se los acusa de violación de la ley provincial de Agroquímicos 9164, que prohíbe precisamente la aplicación aérea de endosulfán o glifosato, en cultivos ubicados en proximidades de zonas pobladas.

En una de las causas están imputados los productores Jorge Gabrielli y Francisco Parra, junto al comerciante y piloto de avión Edgardo Pancello.

Fueron denunciados en 2002 por pulverizar con agroquímicos peligrosos campos aledaños al barrio de Ituzaingó, en la periferia sudeste de esta capital.

La otra causa fue iniciada en 2008, en los tribunales de la ciudad de Deán Funes, contra un productor rural y un aplicador aéreo, acusados de arrojar plaguicidas tóxicos en cultivos adyacentes al norteño pueblo de Villa de María de Río Seco.

Se trata de una de las primeras causas de estas características a nivel nacional y la primera en esa provincia.

La ley 9164 establece expresamente la prohibición de realizar fumigaciones con endosulfán a una distancia menor a 1500 metros de una zona urbana, y de glifosato a menos de 500 metros, por tratarse de químicos peligrosos para la salud.

Según lo confirmado por un vocero judicial, los productores Gabrielli y Parra están acusados como supuestos instigadores de contaminación ambiental con endosulfán y glifosato, mientras que al piloto lo imputan de la autoría del delito.

Respecto de la otra causa, el vocero agregó que se trata del piloto DPM, acusado de contaminación ambiental y del encargado del campo, VA, por la misma figura, pero en calidad de partícipe necesario.

Asimismo, a mediados de mayo pasado, el fiscal de instrucción Carlos Matheu ordenó abrir una investigación para saber si existe una relación directa entre la fumigación con plaguicidas peligrosos, tales como endosulfán y glifosato, y las muertes por cáncer registradas entre vecinos del barrio de Ituzaingó.

Para ello, resolvió imputar a los productores Gabrielli y Parra, por «contaminación dolosa», en el marco de la ley nacional de Residuos Peligrosos 24.051, que prevé penas de 3 a 10 años de prisión.

Sin embargo, en caso de establecerse que los plaguicidas utilizados tuvieron una incidencia directa en los casos fatales, la figura de «contaminación dolosa» sería agravada con «resultado de muerte», que contempla penas de 10 a 25 años de prisión.

ENDOSULFÁN

El endosulfán ya fue prohibido en 74 países y, en junio de 2011, fue incluido en el Convenio de Estocolmo (espacio internacional auspiciado por la Organización de Naciones Unidas que regula el tratamiento de sustancias tóxicas).

La Red de Acción sobre Plaguicidas (PAN) –integrada por 600 organizaciones de 90 países– afirma que “los efectos del endosulfán incluyen deformidades congénitas, desórdenes hormonales, parálisis cerebral, epilepsia, cáncer y problemas de la piel, vista, oído y vías respiratorias”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó al endosulfán como “altamente tóxico”.

GLIFOSATO

El glifosato es el agrotóxico más conocido de la Argentina. Se comercializa bajo una decena de marcas comerciales, aunque la más conocida es Roundup, de la multinacional Monsanto.

Los productores de soja reconocen la utilización, como mínimo, de diez litros de glifosato por hectárea. En la campaña 2011 la soja abarcó 19 millones de hectáreas y los campos argentinos fueron rociados, en un solo año, con 190 millones de litros del herbicida. Ya cuenta con fallos adversos en Formosa, Buenos Aires, Salta, Chaco y Santa Fe.

DEMOSTRACIÓN

La lucha de las Madres de Ituzaingó inspiró al jefe del Laboratorio de Embriología Molecular del Conicet-UBA (Facultad de Medicina), Andrés Carrasco, a investigar los efectos del glifosato en embriones anfibios.

En abril de 2009 dio el alerta: comprobó que, aún con dosis hasta 1500 veces inferiores a las utilizadas en las fumigaciones sojeras, se producen trastornos intestinales y cardíacos, malformaciones y alteraciones neuronales.

“Concentraciones ínfimas de glifosato, respecto de las usadas en agricultura, son capaces de producir efectos negativos en la morfología del embrión, sugiriendo la posibilidad de que se estén interfiriendo mecanismos normales del desarrollo embrionario”, subrayó Carrasco, e hizo hincapié en la urgente necesidad de limitar el uso del agrotóxico e investigar sus consecuencias en el largo plazo.

En agosto de 2010, la investigación de Andrés Carrasco fue publicada en la revista estadounidense Chemical Research in Toxicology (Investigación Química en Toxicología), donde se confirmó que el glifosato produce múltiples malformaciones y, con análisis científicos como prueba, advirtió: “Los resultados comprobados en laboratorio son compatibles con malformaciones observadas en humanos expuestos a glifosato durante el embarazo”.