Hace una semana que se volvió a postergar el tratamiento de la Ley de Glaciares en el Congreso de la Nación, después de que los gobernadores de San Juan y Catamarca, José Luis Gioja y Eduardo Brizuela del Moral, pospusieran hasta el 30 de setiembre el debate legislativo.

En este contexto, la organización ambientalista Greenpeace llega hoy a Mendoza y San Juan para reunirse con los gobernadores cuyanos y avanzar en esta temática.

Este proyecto de ley, que busca proteger los glaciares y el área periglacial, viene sufriendo varios "frenos" en el Congreso de la Nación. Las empresas mineras son el principal impedimento para que esta norma sea aprobada.

Por eso, explicó Juan Carlos Villalonga, director de Campañas de Greenpeace Argentina, es importante que los gobernadores de Cuyo marquen con claridad su posición. "El gobernador Jaque debe dar una señal más clara a favor de la Ley de Glaciares", enfatizó el dirigente ambientalista.

En comunicación telefónica con Los Andes, Villalonga explicó que "jamás vimos tanta presencia de las empresas mineras en el Congreso de la Nación. La semana pasada visitaron todos los despachos del Senado y hablaron con un grupo importante de legisladores". Para el representante de esta organización, que hoy llega a la provincia, es claro como la minería representa un nuevo poder económico en la Argentina.

Este nuevo escenario hace que la norma no avance. "En la actualidad, la minería es uno de los factores de poder más importante del país. Hasta hace diez años esto no sucedía en la Argentina; es más, los siete proyectos mineros más importantes que hay en el territorio nacional son recientes", recalcó el director de Campañas de Greenpeace Argentina.

Es importante recordar que la norma que se busca aprobar en el Congreso de la Nación pretende proteger los glaciares y el área periglacial, sin que esto implique que sea una norma antiminera. "Como toda actividad nueva, necesita tener límites. Hoy se está trabajando a 4 mil metros de altura, hay que marcar hasta dónde pueden llegar y proteger las fuentes de agua", manifestó Villalonga.

El proyecto de ley que está en juego fue acordado entre la oposición y el oficialismo, tras la meta de lograr un ordenamiento territorial en alta montaña para saber qué recursos hídricos hay, sobre todo tras el efecto del calentamiento global. De aprobarse el proyecto, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), con sede en Mendoza, sería el organismo encargado de realizar la labor.

Audiencia con el gobernador

Greenpeace presentó ayer un pedido de audiencia al gobernador Celso Jaque, con motivo del inminente tratamiento de la norma, que actualmente se encuentra en tratamiento en el Senado de la Nación. Desde la organización ambientalista indicaron como preocupante la falta de señales claras del Gobernador en relación a este tema.

De esta manera, Greenpeace reclamó un mayor compromiso público de Jaque con la protección de los glaciares y el área periglacial establecida con la ley aprobada por Diputados en julio.

La organización ambientalista salió al cruce de la "Declaración de las provincias cordilleranas: afirmación de sus competencias en materia de cuidado ambiental", documento que fue firmado por varios gobernadores cordilleranos en julio.

En la declaración pública firmada en Buenos Aires por los gobernadores de: San Juan, La Rioja, Catamarca, Tierra del Fuego, Río Negro, Salta, Jujuy y Santa Cruz, el grupo de mandatarios liderados por José Luis Gioja, declaran que la Ley General del Ambiente es legislación suficiente en materia ambiental, ya que esa norma delega en las provincias la evaluación de impacto ambiental de las actividades que puedan afectar a sus recursos.

Villalonga aclaró que si bien Jaque no firmó esta declaración, "le pedimos que sea claro con respecto a la Ley de Glaciares que apoyará", concluyó.