El especialista fue consultado por Nuevo Diario luego de las distintas expresiones que se escucharon por parte de legisladores nacionales y provinciales que cuestionaron la ley aprobada en general por la Cámara de Diputados el miércoles pasado, y que tiene por autor al diputado nacional Miguel Bonasso, el mismo que impulsara la normativa que permitió detener los desmontes en Salta.

Los detractores de Bonasso reiteraron argumentos esgrimidos antes de que se apruebe la Ley de Bosques Nativos, en 2007.

En síntesis, estos apuntan a una supuesta intromisión de la Nación en la autonomía de las provincias; al atentado a las posibilidades de "desarrollo" de las jurisdicciones; e incluso algunos (repitiendo el ya gastado fundamento), cuestionaron que legisladores bonaerenses (en clara referencia a Bonasso), indiquen qué se debe hacer en materia de Ambiente sin mirar lo que sucede en el Riachuelo.

Pero en Salta llamó la atención la oposición de los legisladores, en tanto (y aunque no existe un inventario), Salta no tendría zonas glaciares o periglaciares, y por lo tanto, la explotación de las actividades no implicarían una afectación de estas reservas de agua.

Esa fue por lo menos la información otorgada por el secretario de Minería de la provincia, Ricardo Salas.

Esta posición fue compartida por Seggiaro, quien entendió que "no hay efectivamente zonas importantes como glaciares y periglaciares" en Salta, y esta ley nacional "a la provincia no le cambia nada".

Lejos de las consideraciones del experto, el diputado nacional Marcelo López Arias, salió a considerar en FM Noticias, que el hecho de que los inventarios de glaciares y periglaciares los haga la Nación, "provocaría que no podamos explotar el agua y los salares de la Puna".

En el programa Cara a Cara, tanto el diputado nacional Walter Wayar, como el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Godoy, consideraron que la Ley no respeta las autonomías de las provincias, dado que debería estar el control de glaciares y periglaciares en manos de la provincia.

Por su parte, el presidente de la Unión Industrial de Salta, sostuvo que la ley produciría inestabilidad jurídica.

El ministro de Ambiente, Francisco López Sastre, indicó que se debe "defender el federalismo ambiental". Al ser consultado por estas consideraciones, Seggiaro, además de sospechar de este Lobby que están realizando desde las provincias cordilleranas en pos de la posición del gobierno de San Juan, encabezado por Luis Gioja, entendió que las reservas de agua "no puede quedar en manos de las provincias, sino de la Nación", dado que es un recurso que traspasa los límites provinciales. No obstante, reconoció que los derechos reclamados por las provincias se encuentran enmarcados en la Constitución Nacional.

Minería aurífera, una amenaza para Salta

Salta es una de las provincias que aún no impulsó una ley a fin de prohibir la minería metalífera cuya explotación involucre sustancias como el cianuro. Ello, a pesar de que sí se detuvo un proyecto de explotación de cobre que se pretendía desarrollar al pie del río Juramento, en Rosario de la Frontera.

Por ahora, no se conoce iniciativa alguna que apunte a ello y, por el contrario, hay proyectos de explotación que serían bien vistos por el gobierno provincial.

En una publicación de Nuevo Diario, se dio cuenta de que en dos años o menos, una empresa minera podría comenzar a producir cerca de cinco mil kilos de oro por año en el salar de Arizaro, una propuesta que ya fue presentada por la empresa Mansfield Mineral, y que se evalúa desde la Secretaría de Minería de la provincia.

Para Seggiario, seguir adelante con políticas que ya fueron prohibidas en Europa (como estas explotaciones), sería un "contrasentido" para la provincia.

Más teniendo en cuenta las condiciones que involucran estas explotaciones que tienen como correlato órganos de fiscalización débiles, y la posibilidad de las empresas de pagar sus propios controles.