Recursos Hídricos informó que avanzará sobre el inventario que ordenó realizar la Legislatura salteña.

La Secretaría de Recursos Hídricos informó ayer que continuará trabajando sobre los relevamientos geológicos ordenados en el marco de la ley provincial 7625 de protección de glaciares. La norma, promulgada el pasado 5 de agosto, dispuso que ese organismo del Ministerio de Ambiente realice, con la cooperación de especialistas de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), los estudios necesarios para contar con un inventario de los glaciares existentes en la provincia en un plazo no mayor a un año.

A través del sitio oficial de la cartera de Ambiente y Desarrollo Sustentable se señaló ayer, en base a análisis preliminares, que “en Salta no se verían afectados los proyectos industriales, ya que no se encontrarían en nuestro territorio ambientes glaciares de acuerdo a las definiciones establecidas en la ley con proyectos en ejecución”. Tales definiciones se dieron a conocer el día después de la aprobación de la ley nacional de protección de los glaciares, que desató todo tipo de opiniones a favor y en contra del texto que finalmente aprobó el Senado en la madrugada del jueves.

Camino a la Corte

Ni bien se confirmó la sanción, fuentes oficiales anticiparon que la presidenta Cristina Fernández promulgará la norma “sin demoras”. En medio de manifestaciones contrarias del sector minero, el Gobierno de San Juan adelantó que en los próximos días realizará una presentación ante la Corte Suprema para que dicha ley sea declarada inconstitucional, en el entendimiento de que avanza sobre potestades que son propias de las provincias. Un punto medular de la presentación pasa por la autoridad de aplicación fijada en la ley nacional para la realización del inventario de las formaciones hidrogeológicas que quedarán protegidas a lo largo de la franja cordillerana que separa a la Argentina de Chile.

Según el Gobierno sanjuanino, de esta forma, todo proyecto o actividad quedará sujeto a la aprobación del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). “Ello obligaría a las jurisdicciones provinciales a pedir permiso a la Nación (concretamente al IANIGLA), por cada actividad que pretenda realizarse en las zonas protegidas. Además, como esta entidad es autoridad de aplicación de la nueva ley, le atribuye la exclusividad para la realización del inventario de glaciares, ignorando a las provincias como autoridad de aplicación de las leyes nacionales en sus jurisdicciones”, plantea la administración de José Luis Gioja.

Desde el Senado

En este contexto, la senadora nacional Sonia Escudero sostuvo ayer que, “tal como se aprobó, la ley nacional avasalla competencias en cuanto a la realización del inventario y potestades de la autoridad de aplicación provincial. Sin perjuicio de ello -agregó la legisladora salteña-entiendo que la Provincia está en plenas facultades para hacer el relevamiento”. En su opinión, el conflicto jurisdiccional podría sortearse con una adecuada reglamentación de la ley nacional, donde debiera “establecerse claramente que la función del IANIGLA, en cuanto al inventario de glaciares, debe cumplirse con la coordinación de las provincias”, sugirió Escudero.

Según se anticipó desde el Ministerio de Ambiente de Salta, la próxima semana el Consejo Federal del sector (COFEMA) se reunirá en Trelew para comenzar a aclarar esta situación.