El 25 de agosto pasado, Juez presentó un proyecto de ley para crear una “Comisión de la Verdad en Papel Prensa”, de carácter bicameral, que tendría como tarea principal investigar las condiciones del traspaso accionario de esa empresa del Grupo Graiver a los diarios Clarín, La Nación y La Razón.

En su proyecto, propone que la comisión dé un dictamen en un plazo de cuatro meses, tras “reunir antecedentes y dictaminar sobre la verdad de los hechos relativos a la adquisición de las acciones” de Papel Prensa.

En medio de un mar de críticas de la oposición al proyecto del gobierno de declarar de interés público la producción, comercialización y distribución del papel de diario, la posición de Juez aparece como de mediación entre el gobierno y el Grupo Clarín, un rol que no adoptó ni su socio político nacional, el izquierdista Fernando “Pino” Solanas.

Además del proyecto legislativo, el gobierno también promueve una investigación judicial, en el marco de las causas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, por las condiciones en el Grupo Graiver se vio obligado a firmar la venta de Papel Prensa.

Juez toma en los fundamentos del proyecto las supuestas contradicciones entre la viuda del ex dueño de Papel Prensa, Lidia Papaleo de Graiver, y su cuñado Isidoro, hermano de su marido David Gravier. La primera dijo que firmó el traspaso de acciones bajo presión y en condiciones de libertad “condicionada” por la dictadura, y el segundo, que ya no era dueño de la firma y no habría tenido actuación en la operación realizada en 1976, dijo lo contrario: que no hubo presiones ni condicionamientos para la venta.

En otro párrafo de sus fundamentos, Juez reclama la formación de la comisión bicameral para “se pueda llegar a conclusiones que eliminen cualquier sospecha que haga dudar sobre la verdad del relato de la señora Presidenta”.