La repavimentación de aquellos 43 kilómetros, en el tramo de General Pico y la ruta nacional 35, y el acceso oeste de Trenel, pasó de costar 29.951.000 pesos a precios de enero de 2011 a 40.819.000 pesos a noviembre de este año. El primer llamado a licitación, que se hizo en marzo del año pasado, quedó sorprendentemente desierto a pesar del ofrecimiento de casi 30 millones de pesos. Esto indicaría efectivamente que en once meses el presupuesto oficial para la licitación 6/2011 sufrió un incremento del 36,28 por ciento.

Sobre este punto, se solicitará el informe detallado de la composición del costo de casi 1.000.000 de pesos del kilómetro, tratándose de una repavimentación. También solicita saber cuál es la estimación que hace la Dirección Provincial de Vialidad sobre la vida útil de la misma en condiciones normales. "Son rutas que antes duraban 15 años, y ahora a los cinco años ya están con inconvenientes", señaló Giorgis a LA ARENA. La legisladora ya presentó en 2011 un proyecto de ley, con la "intención de ayudar a ponerle freno, desde la legislativo, a esta situación" de supuestos direccionamientos.

Las empresas oferentes para la ruta provincial 4 son Omar Angel Jubete, Vial Agro S.A., de Tres Arroyos, y la unión transitoria de empresas formada por Lo Bruno Estructuras S.A. y Ribeiro S.R.L.

Sospechas.

La licitación de esta obra está envuelta en una serie de sospechas, ya que existe para la oposición la posibilidad de un cierto direccionamiento hacia Jubete, una empresa conocida para Vialidad. La firma, justamente, se ha adjudicado casi el 80 por ciento del presupuesto de las obras públicas licitadas por el organismo que preside Horacio Giai, en la gestión de Oscar Jorge como gobernador. Otro detalle es que uno de los hijos del actual mandatario está vinculado a la constructora Jubete.

La tramitación legal de la segunda convocatoria a licitación terminó con Graciela Wagner fuera de su cargo porque se negó a aprobar el pliego. Era directora de Estudios y Proyectos. Consideró que determinadas exigencias, mayormente las técnicas, llevarían a una reducción de potenciales oferentes. Su reemplazante es Virginia Giai.

Los requisitos técnicos que debieron presentar las empresas marcaron en esta oportunidad mayores restricciones, acotando efectivamente así la cantidad de empresas. Anteriormente, los oferentes tenían que ser propietarios de un equipo autopropulsor de reciclado de 350 HP - el único que lo tendría sería Jubete-, y ahora Vialidad agregó que la empresa tiene que tener experiencia en obras de reciclado.

Ante esta situación, Giorgis también pide un informe sobre cuáles son las entidades pampeanas que poseen actualmente, de su propiedad, una recicladora de base de la potencia exigida en el pliego y con la experiencia en obras similares.

También se cuestiona el incremento de 5.000 a 15.000 pesos en el valor del pliego para poder acceder a las condiciones y requisitos necesarios para cotizar la obra.

Fundamentos.

Por otro lado, en los fundamentos, la diputada provincial opositora indica que "en estos últimos días se ha podido constatar que la Dirección Provincial de Vialidad actúa nuevamente de manera sugestiva al determinar el valor de una licitación publica, superando ampliamente los guarismos de inflación reales de la economía que de acuerdo a estimaciones privadas rondó el 22,8 por ciento para 2011".

"La DPV -añade- es un ente provincial autárquico que se maneja en forma absolutamente independiente de la normativa provincial, valiéndose de una legislación propia, fruto de una antigua intervención a ese organismo. Dicha legislación le otorga a su directorio atribuciones administrativas, de las que no goza ningún otro ente autárquico de la Provincia ya que son propias del Gobernador, que les permite funcionar como un Estado dentro de otro, como por ejemplo que desconozca el Registro de Licitadores de la Provincia o el establecimiento de requisitos en los pliegos licitatorios, que superan lo requerido por la ley 38 de Obras Públicas, entre otros. Es decir, a partir de esta legislación se generaron condiciones que les permitió saltear controles y posibilitar, por ejemplo, el direccionamiento de las licitaciones".

"Por estos motivos, en abril de 2011, el Frepam presentó el proyecto de ley Nº 60 para introducir modificaciones en la ley 577, que rige la Dirección Provincial de Vialidad - y cuyos fundamentos hoy gozan de una gran vigencia- que tenía por objeto imponer limitaciones a tanto descontrol y campo fértil para el direccionamiento de las licitaciones, las que se transformaron en "trajes a medida" para empresarios amigos y familiares del poder", señala finalmente la legisladora en los fundamentos del pedido.