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El ex subcomisario de la Policía de la Provincia, detenido en la unidad penal federal de General Guemes, bajo el cargo de tráfico de estupefacientes agravado por la función, declaró ayer durante tres horas y media ante juez Federal Julio Leonardo Bavio, quien se encontraba en compañía del secretario penal Santiago French y otro funcionario.

Giménez, acompañado por su defensor, el abogado Roque López Homes, negó estar relacionado con el tráfico de drogas, asegurando que aquel 25 de mayo del año pasado, lo que transportaba en el vehículo era dinero que fue retirado en San Ramón de la Nueva Orán y debía llegar a Salta capital.

El motivo de la presencia de Carlos Gallardo (el otro policía detenido) y Gabriel Giménez, solo estaba fundamentado en la custodia del dinero, que le habría sido solicitada por el propio Irahola Silverman.

Consultado por la relación que lo unía con el colombiano , el ex subcomisario habría dicho que tenía una relación de varios años, ya que Irahola Silverman le habría proporcionado en algunas ocasiones datos para recuperar automóviles que fueron robados en nuestro país y debían ser recuperados en Bolivia.

Aquel 25 de mayo del 2011, al parecer, y según trascendidos de la declaración, se debían transportar pesos argentinos. que correspondían a dólares vendidos cambiados en la frontera, y que le dejaron una ganancia de $100.000 argentinos.

Consultado sobre la razón de la huída, el imputado dijo que tuvo miedo que lo maten en aquel control de la división Medio Ambiente de la policía, que solo buscaba madera ilegal. Justificó además su refugio en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, por temor a ser asesinado. Lo que no respondió es qué le hizo pensar que en esa ciudad boliviana estaba más seguro.

En ese punto al parecer Giménez, deslizó la posibilidad de que todo estaba relacionado con escuchas telefónicas, otra de las causas que lo tienen como protagonista.

En ese punto de su declaración Gabriel Giménez, entregó al juez Federal Nro1 Julio Bavio, un escrito con detalles de nombres y direcciones, referidas a esas supuestas escuchas telefónicas que Giménez debió hacer como parte de su tarea policial y por directivas superiores, actividad que supuestamente incluyó a dirigentes políticos opositores al gobierno provincial.

En esa cuestión hubo ayer un hermetismo casi total desde el juzgado, con la premisa de proteger los datos y nombres.