En el momento de mayor tensión de su relación con el Gobierno, la procuradora general, Alejandra Gils Carbó , se mostró ayer acompañada por una decena de procuradores de la región, en una asamblea en la que reclamaron que se respetara la "independencia y autonomía" de los ministerios públicos.

La reunión fue en Buenos Aires, en el edificio de Perón 667, por cuya compra un fiscal pidió la indagatoria a Gils Carbó. Se trató de una asamblea extraordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (Aiamp), convocada para tratar el caso de Venezuela, cuya procuradora, Luisa Ortega Díaz, denunció graves amenazas del gobierno de Nicolás Maduro. Venezuela fue el único país expresamente nombrado en la declaración final de la asamblea.

"Declaramos nuestro apoyo y solidaridad a la fiscal general Luisa Ortega Díaz y los integrantes del Ministerio Público de Venezuela", dice el documento, que ayer fue leído por Gils Carbó, en su rol de anfitriona. Las delegaciones habían discutido mucho qué tono darle a su declaración. Las posturas más duras no lograron imponerse. El caso de Venezuela fue relatado como "la situación irregular descripta por la fiscal general" de ese país, sin más detalles.

Gils Carbó denunció esta semana presiones del Gobierno, dijo que estaba siendo hostigada, se comparó con la procuradora venezolana y sostuvo que si la echaban por decreto, no se iba a ir.

A pesar de eso, la declaración no la nombra ni menciona específicamente la Argentina. LA NACION le preguntó ayer al presidente de la Aiamp, el fiscal general boliviano Ramiro José Guerrero Peñaranda, por qué. "Se han analizado varios casos de fiscales generales y procuradores de Iberoamérica que están sufriendo ciertas situaciones complicadas en cada uno de los países. Se mencionó el caso de Guatemala y también de la Argentina, por eso la declaración de esta asamblea extraordinaria es una declaración genérica para todos los ministerios públicos", respondió.

"Por eso -agregó- se repudia todo acto contrario a la independencia y autonomía de los ministerios públicos de América latina, así como todo acto que afecte la dirección de la investigación criminal; se rechaza cualquier tipo de acción de hostigamiento, acoso, amenaza, intimidación y agresión contra los titulares de los ministerios públicos y sus integrantes. Y exhortamos al respeto irrestricto de los mecanismos constitucionales y legales para la remoción." Detalló que "esto implica que no se puede echar a un procurador por un decreto o por un interés personal o de un grupo".

Guerrero Peñaranda advirtió que eso de ningún modo era "una injerencia en las cuestiones internas de cada Estado", pero afirmó: "Estos mecanismos están consagrados en la Constitución y las normas, y esta declaración genérica implica a la Argentina, Guatemala, Venezuela y otros países". Previamente, al presentar el documento, Gils Carbó había relatado que en los debates previos se mencionó que Venezuela no era el único país con "hostigamientos" y que coincidieron en que la situación adquiría un "cariz especialmente violento" cuando la procuradora era una mujer.

Firmaron la declaración los representantes de 16 países, casi todos fiscales generales; 12 estaban presentes (Brasil, Ecuador, Chile, Costa Rica, Panamá, Guatemala, Perú, Paraguay, Uruguay y México, además de Bolivia y la Argentina) y cuatro participaron por teleconferencia (España, Portugal, Colombia y Venezuela).