Sin proponérselo, a una semana de ser nombrada como Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quedó inmersa en el debate por el proyecto que traspasa del Banco Ciudad al Nación los fondos de la justicia nacional y federal.

Quien la dejó llevó a escena fue el diputado Jorge Yoma, aún en el Frente para la Victoria. En su argumentación para oponerse al proyecto, que le valió un duro cruce con los miembros de su bloque, el riojano recordó un fallo en el que la próxima jefa de Fiscales se oponía a tocar fondos judiciales.

Se trata del caso “Yacuiba S.A.”, donde se discutió acerca de su correspondía pesificar los depósitos judiciales realizado por la empresa de ese nombre. A la espera de resolver la cuestión de fondo, la Corte Suprema pidió a los jueces inferiores que emitan una sentencia en la que consideren los argumentos del Banco que no habían sido tenidos en cuenta.

Como fiscal ante la Cámara Comercial porteña, Gils Carbó dijo que “la administración y disposición de los fondos en los procesos judiciales implica el ejercicio del poder público estatal a cargo de los jueces. Dicha actividad jurisdiccional no puede ser interferida por otro poder del Estado”.

Yoma leyó esa argumentación y la definió como “un hallazgo”, ante la mirada incrédula del resto de los diputados del Frente para la Victoria-PJ. “Fíjense lo que dijo la doctora Gils Carbó, seguramente próxima Procuradora General de la Nación”, increpó a sus compañeros de bloque.

"Los jueces son quienes pueden cambiar el destino de los depósitos, no el banco. El juez de la causa es el único que puede disponer adónde se destinarán esos depósitos. No podemos nosotros por ley tocar un depósito que pertenece a una causa judicial", afirmó el riojano.

La posición de Gils Carbó no es un dato de color: si el gobierno de Mauricio Macri recurre a la justicia, como se prevé, tal vez la futura Procuradora deba emitir un dictamen como jefa del Ministerio Público.

En la audiencia pública del martes se expresó proclive a dejar pasar los reclamos jurisdiccionales, al avalar la posibilidad de eludirlos por considerarlos parte de “acuerdos políticos”. Pero en este caso tal vez choque con su propia jurisprudencia.

Su camino a la procuración no tiene fisuras. La UCR y el FAP firmaron el dictamen del oficialismo avalando su pliego por lo que en la sesión del miércoles el kirchnerismo no tendrá problemas para reunir tercios necesarios para nombrar a Gils Carbó procuradora.

El caso Yacuiba S.A. no es el único antecedente que citó Yoma. “En el caso Kestner de 1993, la Corte dice que la administración y disposición de los fondos en los procesos judiciales implica el ejercicio del poder público estatal a cargo de los jueces”, recordó.

“O sea que se encuentran legalmente regulados, en tanto que las inversiones sólo pueden realizarse en instituciones oficiales”, amplió.

Para el diputado riojano no hay duda de que “los jueces son quienes pueden cambiar el destino de los depósitos, no el banco. El juez de la causa es el único que puede disponer adónde se destinarán esos depósitos. No podemos nosotros por ley tocar un depósito que pertenece a una causa judicial”.

“Creo que esta sanción va en camino a judicializarse, que va a terminar en la Corte Suprema, la cual, obviamente, va a fallar de acuerdo con sus antecedentes”, presagió. Tal vez Gils Carbó tenga su primer cruce con Cristina Kirchner.