La iniciativa de la UCR aprobada por mayoría en julio, además de establecer de dónde saldrán los fondos para financiar el abono universitario, entre otros, le prohíbe al Ejecutivo otorgar ni convenir subsidios o compensaciones tarifarias a las empresas de transporte, sin previa autorización del Concejo Deliberante. Ese punto generó malestar en el Palacio 6 de Julio desde donde cuestionan seriamente la potestad del cuerpo legislativo para decidir sobre esos asuntos. Esto derivó que semanas atrás ingresara al recinto un veto parcial que recae sobre el artículo 5º, rechazando la limitación a las autoridades municipales para decidir sobre los subsidios. Este ya había sido un aspecto controvertido durante el debate de la ordenanza, cuando el giacominismo no acompañó con su voto a ese artículo por considerar que es atribución del Departamento Ejecutivo controlar las políticas de subsidios. Los oficialistas recibieron duras críticas de sus pares en aquel momento. Sin embargo, el edil Gustavo Barrionuevo dijo que “tras los argumentos esgrimidos para derogar el artículo que limita el poder de decisión al Estado municipal, creemos que ahora el resto de los concejales aceptarán el veto que tiene preferencia para ser tratado en dos sesiones”.

No opinó lo mismo el presidente del bloque de la UCR y mentor del proyecto, Marcelo Cossar, quien señaló: “Estaremos muy pendientes de lo que hagan los otros bloques, esperamos que sostengan lo que aprobaron hace unos meses”. Además consideró que esta nueva ordenanza aporta “una herramienta muy importante para la transparencia de los fondos municipales, algo que parece molestarle al intendente Daniel Giacomino”.