Giaco vende tierras en la Costanera

Por decreto y con la firma de sus secretarios, el intendente autorizó la venta de lotes por $ 12,6 millones para financiar la nueva sede del Concejo. El Tribunal de Cuentas se opone al proyecto.
El intendente Daniel Giacomino autorizó con su firma y la de sus secretarios la venta de tierras en la zona de la avenida Costanera para reunir fondos y construir en el mismo lugar una nueva sede del Concejo Deliberante. Por decreto, habilitó la comercialización de los lotes pese a que en dos oportunidades el Tribunal de Cuentas rechazó la ejecución. La pelota caerá esta semana en manos de los ediles, cuerpo en donde las opiniones también están divididas. Desde la oposición cuestionan la falta de un llamado a licitación.

Se trata de los terrenos en la zona del Portal del Abasto, los que fueron cotizados en 12,6 millones de pesos, según confiaron desde el Ejecutivo y de acuerdo con los cálculos de Catastro municipal. “Con la plata de la tierra que se venderá no alcanzará para toda la obra, pero va a faltar poco. Creemos que con 4 ó 5 millones más se puede hacer un edificio para el Concejo Deliberante”, confiaron desde el círculo íntimo de Giacomino.

La venta de los lotes, que se realizará en 10 cuotas (más una financiación extra por los intereses) a la firma Orestes SRL, ya fue ratificada por el intendente pese a que los tribunos, principalmente los alineados con el juecismo, rechazaron la operación por considerar que se realiza por debajo de los valores de mercado, y porque no se llamó a una segunda licitación.

El primero en hablar de la construcción de la sede en ese sector de la Costanera fue el anterior jefe comunal Luis Juez, quien presentó el lugar como un espacio tentador también para otros emprendimientos inmobiliarios. Sin embargo, el proyecto no salió de las intenciones. En 2008, se hizo el primer llamado a licitación abierta, pero el proceso quedó nulo porque no se presentaron oferentes.

Dos años más tarde, Giacomino volvió a la carga con la misma idea de vender tierras y, usando parte de los fondos, levantar el edificio legislativo. Primero, firmó el 11 de junio el decreto 2.590/10 que permitió la venta de las tierras; y el 28 rubricó otro (el 2.836/10), en el que se agregó el pago por parte de la privada de una cuota extra en concepto de intereses.

Una vez que el expediente llegó al Tribunal de Cuentas, por unanimidad los integrantes (en su mayoría juecistas y radicales) lo visaron “con observación”, vale decir, rechazaron la operación por considerar bajo el monto de la tasación y por no abrir una nueva licitación. “Lo observamos porque es necesario un procedimiento de mayor transparencia, al nivel de una licitación pública, no de una compra directa. Además, se pretenden adjudicar terrenos a una empresa que es la única que se presentó con una oferta”, se quejó a Día a Día la tribuno por el Frente Cívico, María Fernanda Leiva.

“Por lo menos es sospechoso, porque una empresa se presenta interesada con una nota en mano para el secretario (de Planificación Urbana, Daniel) Rey. También discutimos los montos en el Tribunal y no están acordes con el mercado”, agregó la dirigente juecista.

Un atajo. Con el rechazo de todos los tribunos, Giacomino optó por utilizar una herramienta de la Carta Orgánica (artículo 96), que le permite aprobar la operación financiera a través de un decreto con su firma y la rúbrica de todos sus secretarios. Justamente en el entorno del intendente dijeron que esperaban que el juecismo “pusiera palos en la rueda”, por lo que optaron por otra vía alternativa.

Con la insistencia de Giacomino para avanzar con la operación, el 7 de este se rubricó el tercer decreto con apoyo de todo su equipo de trabajo. Desde el Tribunal de Cuentas volvieron a rechazar el procedimiento, pero como una cuestión formal “visaron el expediente con reservas”, y lo giraron con copia al Concejo Deliberante. Es por esa razón que esta brasa caliente está desde el lunes pasado en manos del viceintendente Carlos Vicente.

Si bien jurídicamente el intendente estaría facultado para seguir con la venta, Vicente ordenó el mismo día que ingresó el expediente que la Dirección de Asuntos Legales del cuerpo “emita un dictamen jurídico con carácter urgente” para que se interprete si el tema puede ser debatido en el Concejo Deliberante. Sobre todo porque no hay antecedentes anteriores de que los tribunos se opongan a un proyecto y el Poder Legislativo haya sido puesto “en conocimiento”.

“Tengo algunas dudas sobre el tema porque fue observado por el Tribunal de Cuentas, y volvió al Ejecutivo para salir con la firma del intendente y los secretarios. Por eso ordené que el expediente ingrese a la Secretaría Legislativa (para conocimiento de los distintos bloques) y Asuntos Legales emita un dictamen jurídico con la interpretación correspondiente. Yo creo que el Concejo lo debe debatir y puede hacer un análisis más en términos políticos”, expresó a Día a Día el viceintendente.

Cuestionamientos. El presidente de la bancada juecista, Walter Nostrala, fue el más duro en los cuestionamientos, al advertir que no fue transparente el proceso de venta y responsabilizó al intendente. “Es un tema delicado y a pesar de ello se hace una venta directa. Creemos que hay un vacío legal. Se tendría que llamar a licitación, más cuando se trata de terrenos públicos”, manifestó el edil.Desde el peronismo, el titular de bloque, Juan Manuel Rufeil, también coincidió en que tendría que haber un “llamado a licitación abierta”. De todos modos, habló de “politiquería barata”, con “palos en la rueda que el juecismo le pone alintendente”.

“Una vez más el Poder Ejecutivo muestra su improlijidad administrativa y el juecismo hace uso de una política destructiva con la mayoría en el Tribunal de Cuentas”, sintetizó el justicialista.

Desde el radicalismo, los ediles irán en la misma línea que los dos tribunos de su partido, los que se opusieron por considerar que los terrenos tienen un valor aproximado de 20 millones de pesos, en lugar de los 12,6 millones, y porque objetan que se haya realizado una venta directa.

Carta Orgánica

Artículo 96: Se establece la forma de control preventivo, concomitante y posterior del Tribunal de Cuentas. La visación u observación de los actos sometidos a control se efectúa dentro de los 10 días corridos de haberse conocido. En el caso de observación, el intendente puede insistir en acuerdo de secretarios. Si el Tribunal de Cuentas la mantiene, formula la visación con reserva dentro de un nuevo plazo de 10 días corridos y remite los antecedentes al Concejo Deliberante en un término no mayor de 15 días.

Antecedentes

11 de junio: Giacomino firma el decreto 2.590/10, con el que aprueba la venta de los terrenos por 12,6 millones de pesos.

28 de junio: Rubrica el segundo decreto 2.836/10, en el que agrega que la empresa compradora pague una cuota en concepto de intereses.

7 de julio: Un tercer decreto (3.055) aprueba la venta con la firma del intendente y los secretarios.

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