El gobierno destina unos 35 mil pesos mensuales fijos para mantener sus servicios, aunque también les paga los pasajes, alojamientos y la alimentación cuando deben viajar.

Las promesas electorales de revisar los contratos que había firmado el gobernador Juan Carlos Romero le llevaron a Urtubey a contratar en enero de 2008 la primera consultoría jurídica. Javier Hernán Wajntraub desde entonces permanece como asesor de la Unidad de Renegociación de Contratos (UNIREN), que logró modificar algunos como el de Enjasa, pero que dejó de funcionar en 2008.

Pese a la finalización de las tareas del organismo que estuvo a cargo de Emilio Tuñón, el gobierno de Urtubey le renovó los contratos en 2009 y en 2010. Es que Wajntraub hace asesoramiento jurídico de todo "asunto o materia que le sea requerido". Sus servicios, según la última renovación, finalizarían en enero de 2011.

Pero en julio de 2008, Urtubey decidió también contar con los servicios de consultoría del estudio local D`Andrea Cornejo y Asociados.

La tarea de sus profesionales no tuvo un objetivo demasiado específico: tuvieron que asesorar, a través de dictámenes, sobre todas las cuestiones que le sean sometidas en materia de derechos público, penal y tributario, y en el asesoramiento jurídico "sobre todo otro asunto o materia que le sea requerido por la secretaría general de la gobernación".

Según el informe que envió la provincia a la Legislatura -por iniciativa de la diputada Virginia Cornejo- los servicios del estudio concluyeron en julio de 2010. Pero en septiembre de 2009, la provincia ya había designado a su representante, Diego D`Andrea Cornejo, en el cargo del jefe del Programa Jurídico del ministerio de Desarrollo Económico, con una remuneración equivalente al cargo Secretario.

No satisfecho aún con los servicios jurídicos con que contaba, el gobierno de Urtubey firmó en marzo de 2009 un nuevo contrato de consultoría, esta vez con el estudio del conocido abogado porteño Guillermo Julio Borda.

A los objetivos comunes con los otros estudios, el nuevo contrato le asignó a Borda el asesoramiento jurídico sobre cuestiones que se susciten con otras provincias o con organismos internacionales, y la representación judicial de la provincia ante tribunales federales o de otras provincias.

El estudio de Borda tiene renovado su contrato hasta febrero de 2011.

También en marzo de 2009, el gobierno de Urtubey decidió contratar los servicios del estudio del ex camarista, Horacio José Aguilar.

Las funciones encomendadas al ex juez son similares a las que se solicitaron a Borda.

También renovado año tras año, el actual contrato con el estudio Aguilar finaliza en abril de 2011.

Según el informe remitido por el secretario General de la Gobernación, Horacio Samson, el último asesor jurídico contratado fue Martín Horacio Beyres, con domicilio en la ciudad de Buenos Aires. Su tarea fue la asistencia jurídica en la cabecera de la Secretaría General de la Gobernación, pero su contrato habría finalizado en octubre.