Una veintena de asambleístas fueron notificados ayer por la Gendarmería del proceso judicial para el levantamiento del corte de la ruta 136, donde el Gobierno se presentó como querellante y además fueron identificados ante la posibilidad de que sean acusados de algún delito en la causa.

Por su parte, el Gobierno Nacional publicó hoy en el Boletín Oficial el decreto 828/2010 por el cual ratificó la presentación del procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, como "parte querellante" en la causa contra los asambleístas de Gualeguaychú, que lleva el juez Federal de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel.

La medida firmada el viernes por la presidenta Cristina Fernández había sido pedida por el juez Pimentel, a fin de admitir al gobierno como parte en la causa iniciada contra los asambleístas.

En los considerandos del decreto, la Casa Rosada reiteró que el corte implicó "diferentes ilícitos" que "constituyen un alzamiento contra una decisión internacional" dictada por la Corte de La Haya, manifestó, a pesar de que el tribunal no mencionó en su fallo al piquete de la ruta 136 El juez avanzó ayer en la causa que busca el desalojo de la ruta, ya que personal del Escuadrón Gualeguaychú de Gendarmería Nacional, encabezados por su jefe, el comandante Carlos Arias, leyó en el corte de Arroyo Verde a los asambleístas presentes la notificación del Juzgado Federal sobre la tramitación del proceso.

Los asambleístas se negaron a firmar la comunicación, pero Arias advirtió que el trámite se dio por cumplido, ya que llevó testigos que constataron lo ocurrido. De esta forma, el juez Pimentel notificó a la Asamblea su pronunciamiento de la semana pasada, cuando ratificó que la Gendarmería debe cumplir con tres "mandatos judiciales", dos de 2006 y uno de 2007, que "se encuentran plenamente vigentes" y establecen el desalojo del acceso al puente. En el fallo, el juez Pimentel advirtió a los ambientalistas que "supeditar el cese de la obstrucción de la ruta al desmantelamiento de la planta de celulosa deviene desproporcionado e irrazonable".

Asimismo, Gendarmería identificó a una veintena de ambientalistas que estaban presentes en el refugio del kilómetro 28, a fin de llevar sus nombres al magistrado, lo que podría acarrearle imputaciones en graves delitos, como homicidio culposo, privación de la libertad, amenazas, extorsión, entre otros cargos.

Entre los identificados estaban el abogado Luis Leissa, José Pouler, uno de los voceros históricos de la Asamblea, Sira Muñoz, María Elena Marchioli, entre otros.