A sola firma, la Casa Rosada dispuso pagar sus cuentas pendientes, o las del Poder Legislativo, e incrementar subsidios a empresas privadas o al sistema eléctrico, con recursos que por ley son para otros destinos.
El Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial fue creado en 1995 “con el objetivo de prestar apoyo a las reformas del sector público provincial argentino y de promover el desarrollo económico de las provincias”, según indica su página web, cuya última actualización data de septiembre de 2010. Otros fondos provinieron de recortes presupuestarios de diferentes ministerios y de “recursos provenientes del cobro de tasas” de diferentes organismos, como el Registro Nacional de las Personas (67,6 millones de pesos), o saldos no utilizados de préstamos de organismos multilaterales de créditos, como el BID o el Banco Mundial.
Es habitual que tanto la Jefatura de Gabinete como la propia presidencia a través de decretos de necesidad y urgencia dispongan todos los años reasignaciones y ampliaciones presupuestarias en varias oportunidades, a los efectos de adecuar erogaciones y recursos subestimados en el Presupuesto original.
Sueldos y gastos corrientes
La decisión administrativa se justificó en este caso para la atención de gastos propios del funcionamiento de las diferentes áreas administrativas (remuneraciones y gastos corrientes), así como la transferencia de recursos a sectores económicos, pensiones graciables, empresas de servicios públicos, vialidad, fuerzas armadas y de seguridad.
En los considerandos, se justifican los 95.380.000 pesos destinados al Poder Legislativo en la necesidad de “atender gastos en personal” en la Cámara de Diputados y “afrontar gastos de funcionamiento y de inversión” en la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación.
También se destinan 144 millones de pesos al Ministerio de Educación para “atender los aumentos salariales del personal docente, no docente y autoridades superiores de las Universidades Nacionales, la necesidad de inversión en obras y equipamiento de la Universidad Nacional de San Martín y, financiar los gastos de salarios correspondientes al Instituto Libre de Segunda Enseñanza de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Asimismo, en Ciencia y Tecnología, se giraron 83,5 millones de pesos al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) “a efectos de atender los gastos correspondientes a las becas de investigadores y diferencias salariales”.
Menos saneamiento y más fútbol
La Jefatura de Gabinete de Ministros dispuso recortar 28 millones de pesos de créditos presupuestarios destinados al desarrollo sustentable de la Cuenca Matanza-Riachuelo y otorgar 25 millones al Programa “Fútbol para todos”, de acuerdo con lo detallado en los anexos de la decisión administrativa 19, publicada en el Boletín Oficial.
La redistribución se dispuso, de acuerdo con los considerandos de la medida, en virtud de que “es necesario readecuar el Presupuesto de la Jefatura de Gabinete de Ministros para atender las acciones planificadas para el presente ejercicio”.
Para entender cuáles son las “acciones planificadas”, debe tenerse en cuenta que solamente dos de los 161 folios que integran el anexo de la D.A. se refieren a créditos presupuestarios de la cartera conducida por Juan Manuel Abal Medina. En uno de ellos, se especifica el recorte de 28.040.219 pesos de un crédito del Banco Mundial para atender el programa 44 “Desarrollo sustentable de la Cuenca Matanza-Riachuelo”.
En el otro, se amplían en 25 millones de pesos los créditos para atender los gastos del programa 46 “Fútbol para todos”.
Entre otros detalles de las planillas anexas, figuran 15 millones de pesos para “actividades centrales” de la Secretaría General de la Presidencia, cuyo destino no se especifica, ya que está rotulado como “otros NEP”,
es decir “no especificados precedentemente”.
El ciberespacio no parece contar con demasiado apego
en algunas reparticiones, a juzgar por la necesidad de reforzar los créditos de la partida “Correos y telégrafo” en los ministerios de Educación (6 millones de pesos), Trabajo (12 millones) y el Registro Nacional de las Personas (36.980.850 pesos).
$243
millones
sumó el gobierno con sus últimas medidas, para totalizar los 3.143 millones que debió invertir este año para que cierren las cuentas en Aerolíneas Argentinas.
Subsidios
El Ministerio de Planificación amplió en casi 3.000 millones de pesos los subsidios a empresas, entre otros objetivos para garantizar el “normal abastecimiento del sector energético”. La asistencia incluye pagos, además de transporte y energía, a hidrocarburos, agua potable y telecomunicaciones. Los colectivos se llevaron $ 650 millones de pesos; Ferrocarriles $ 188 millones y Télam otros $ 13 millones. Al Ente Binacional Yacyretá se le remitieron $ 100 millones de pesos. La lista sigue.
De la Constitución a la discreción
La distribución de recursos fue dispuesta a través de la decisión administrativa 19/2011, publicada ayer en el Boletín Oficial. Es la primera medida en ese sentido con la firma de los flamantes jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, pero una vieja y polémica práctica de la “emergencia” permanente y de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo.
Una decisión administrativa está por debajo de un decreto y de una ley, y naturalmente tiene menor rango que la Constitución, que consagra a manos del Congreso la decisión de fijar el presupuesto nacional (es decir de determinar el destino de los fondos públicos) y luego de revisar su cumplimiento (el control también es una orden constitucional incumplida).
La nueva D.A. está fechada el 23 de diciembre. Es cierto que afecta al presupuesto del año que termina, que no tuvo sanción legislativa por negativa de la oposición. Pero incluso el Presupuesto 2012, que aún no fue publicado en el Boletín Oficial, podrá ser modificado a discreción por la Casa Rosada.
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