La senadora María Isabel Gainza pidió al Ministerio de Desarrollo Social que detalle las metas de ejecución del programa “Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil” dado que durante el primer trimestre del año se registró una llamativa sobre-ejecución del presupuesto y más de la mitad de esos recursos fueron utilizados para solventar gastos burocráticos.

El programa, destinado a chicos en conflicto con la ley, ya utilizó $32.608.882 de los $48.447.100 presupuestados para 2011, quedando disponible un saldo equivalente al 32,7% del total para ser utilizado en los siguientes nueve meses del año.

La solicitud de informes de Gainza indica que “la expuesta sobre-ejecución trimestral no es la cifra más llamativa de la ejecución programática: de los $32,6 millones devengados en el primer trimestre un 51,3%, es decir, $16,7 millones se utilizaron en la actividad especifica ´Conducción y Gestión Ejecutiva´”.

Para tal fin la legisladora de la Coalición Cívica pretende que la cartera bonaerense especifique cuáles son los gastos que se agrupan en dicho rubro, que tuvo a su disposición el 51,3% de los recursos ($16,7 millones) en detrimento de los subprogramas “Centros de Contención, Centros de Referencia y Centros Cerrados y Centros de Recepción” que obtuvieron el 48,7% del monto devengado.

En este sentido, la legisladora de la Coalición Cívica argumenta que “entendiendo a la actividad específica (Conducción y Gestión Ejecutiva) como un conjunto de acciones relacionadas que sirven de soporte para la ejecución del programa, pero que no contribuyen directamente al logro de los objetivos ni al alcance de las metas establecidas para el programa, es que nos interesa informarnos sobre la composición de la mencionada actividad y cómo afecta su ejecución a los subprogramas”.