MADRID.- El juez Baltasar Garzón vivió ayer el día más difícil de su extensa trayectoria como referente de la justicia española e internacional. Acusado de ordenar escuchas ilegales en el caso "Gürtel", que él mismo instruyó, el magistrado debió seguir por primera vez un juicio desde el banquillo y con el riesgo de que termine su carrera judicial.

Si lo declaran culpable, Garzón, de 56 años, quedaría inhabilitado para ejercer su profesión por los próximos 17 años. En ese caso, el juez que alcanzó fama internacional tras llevar a la justicia al ex dictador chileno Augusto Pinochet no podrá volver a trabajar: en España, la edad máxima de retiro impuesta por la ley es de 70 años.

En la primera jornada de la ronda de audiencias, que podría terminar mañana, Garzón sufrió un duro traspié al ser rechazado su pedido de recusación de dos jueces integrantes del tribunal supremo, Luciano Varela y Manuel Marchena

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Tras caer la estrategia de apartar del caso a los magistrados que también participan en las otras dos causas abiertas en su contra, el juez andaluz respondió personalmente a cada una de las preguntas de un extenso interrogatorio de la parte querellante.

Con un hilo de voz, producto de una severa disfonía, Garzón justificó haber ordenado grabar las conversaciones de los presos del conocido caso Gürtel para "impedir" el blanqueo de millones de euros de dudosa procedencia.

Los abogados de dos de los detenidos por aquel escándalo, que fueron espiados en forma supuestamente ilegal por el juez, acusaron a Garzón, en cambio, de "vulnerar el derecho fundamental de defensa" de sus defendidos: el líder de la trama, Francisco Correa, y de Pablo Crespo.

Ambos empresarios están detenidos por montar una red, con la presunta connivencia de ex alcaldes del Partido Popular (PP), destinada a obtener fondos y prebendas del Estado en forma ilegal y en su propio beneficio.

Garzón, que fue separado de la causa en mayo de 2010 y suspendido desde entonces como magistrado, señaló que decidió intervenir las charlas carcelarias entre los imputados y sus abogados a partir de información proporcionada por la policía española.

Según el acusado, las fuerzas de seguridad manejaban la hipótesis de que los detenidos "daban instrucciones" a sus defensores para girar al extranjero los fondos públicos obtenidos de modo supuestamente ilegal.

Grabaciones

Su defensa también pidió la reproducción, en la sala, de todas las conversaciones registradas. Pero el abogado de Correa, José Antonio Choclán, se negó a hacerlo "para no intensificar el daño producido" a sus defendidos.

El tribunal accedió a que se escuchen algunas de las grabaciones, a puertas cerradas, en las próximas jornadas del juicio.

La comparecencia de Garzón generó fuertes reacciones entre sus seguidores, que a través de las redes sociales no dudaron en tildar de "persecución política" el proceso que podría marginarlo del sistema judicial.

Además del caso de las escuchas a los presos de la trama Gürtel, Garzón tiene otras dos causas abiertas en su contra: una por supuesta prevaricación en su investigación sobre los crímenes cometidos por el franquismo y otra por haber aceptado, presuntamente, la financiación irregular de cursos impartidos por él en Estados Unidos..