MADRID.- El juez Baltasar Garzón fue absuelto ayer en la más polémica de las causas abiertas en su contra, por supuesta prevaricación en su investigación de los crímenes cometidos por el franquismo. Pero el fallo del Tribunal Supremo, conocido apenas una semana después de que el mismo organismo lo inhabilitara por 11 años en sus funciones, sólo alimentó el escepticismo de los seguidores del magistrado, al que consideran "perseguido" por los sectores más conservadores y poderosos del Poder Judicial.

El alto tribunal dictaminó, por seis votos a favor y uno en contra, que Garzón cometió "errores" porque "incurrió en exceso en la aplicación de las normas" al declararse competente en 2008 para abrir una causa judicial con objeto de investigar la desaparición de ciudadanos españoles durante la Guerra Civil y la posterior dictadura de Francisco Franco (1939-1975). Sin embargo, el máximo órgano de justicia de España entiende que la incompatibilidad de las funciones de Garzón para llevar adelante esa tarea "no merece el reproche de arbitrariedad" del delito de prevaricación.

Según la sentencia, uno de los "errores" fundamentales de Garzón fue aceptar en su causa hechos denunciados por las asociaciones de víctimas del franquismo que ya "habían prescripto" al sancionarse la ley de amnistía de 1977. La vigencia de esa norma, que condonó los delitos cometidos por ambos bandos en la Guerra Civil y el franquismo, fue el principal obstáculo jurídico que frenó las investigaciones del juez.

"Ningún juez o tribunal, en modo alguno, puede cuestionar la legitimidad de tal proceso. Se trata de una ley vigente cuya eventual derogación correspondería sólo al Parlamento", señala el fallo, que también subraya que en España "no se pueden iniciar causas" basadas en la indagación de responsabilidades penales de personas ya fallecidas, como pretendió hacer el magistrado.

A pesar de la absolución, las asociaciones que respaldan la tarea y la figura de Garzón protestaron por la "pérdida de tiempo precioso para la causa" que se produjo desde la suspensión del juez, en 2010, hasta el presente. "El Tribunal Supremo nos ha hecho perder mucho tiempo, y tiempo es precisamente algo que no tienen los familiares de las víctimas. Se han destruido muchas pruebas durante este proceso porque ha muerto gente cuyo testimonio podía llevarnos a abrir fosas del franquismo", dijo ayer Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.

Por su parte, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, rechazó las críticas recibidas por el alto tribunal en las últimas semanas, y en especial después de que Garzón fuera inhabilitado tras haber sido hallado culpable del delito de ordenar escuchas a los convictos por el "caso Gürtel".

"Ninguna de las críticas, a mi juicio injustificadas, contra el Tribunal Supremo han hecho perder el prestigio que tiene ante los españoles y el prestigio que comporta para la calidad de nuestro sistema democrático tener un poder judicial independiente", dijo..