La Ciudad tuvo un revés en la causa por el presupuesto del Hospital Garrahan al dictaminarse el mantenimiento de la medida cautelar que la obliga a destinarle los fondos necesarios para su funcionamiento, luego de la denuncia de recortes.

El abogado Bernardo Fischberg –en calidad de ciudadano– presentó un amparo en octubre del año pasado para que el gobierno porteño no ajuste los recursos de la Ciudad, cuando médicos de la institución alegaban un recorte de 450 millones.

En noviembre, el juez Francisco Ferrer, en calidad de subrogante, ordenó a Macri restituir “la diferencia entre la partida destinada para 2015 y la suma que le hubiera correspondido asignar”, de acuerdo al compromiso decreto 815/1989 de división de recursos entre Nación y Ciudad.

Ahora, la jueza Cecilia Mólica Lourido, titular del juzgado Nº 20 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, dictó 15 de marzo una resolución en la que rechazó el pedido del Gobierno porteño de levantamiento de la medida cautelar.

En la resolución, Mólica Lourido valoró que el Consejo de Administración del Garrahan elevó, tanto a Nación como Ciudad, una previsión presupuestaria para el año 2015 por 1.324.335.437 pesos, mientras que “de la documentación arrimada a la causa surge que la demandada se habría comprometido a transferir tan sólo mil setenta y tres millones de pesos ($ 1.073.000.000), por lo existiría –incluso de cumplirse el compromiso que ahora invoca el GCBA- una diferencia de doscientos cincuenta y un millones trescientos treinta y cinco mil cuatrocientos treinta y siete pesos con dos centavos ($ 251.335.437,02) para cumplir con el aporte correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del presupuesto requerido por el Hospital ‘Prof. Dr. Juan P. Garrahan’”.

La Ciudad había solicitado el levantamiento de la medida cautelar, a propósito del acuerdo arribado con los profesionales en materia salarial, aunque ese argumento no convenció a Lourido, ya que consideró que se trata de un aspecto anexo al origen por el que se ordenó la cautelar.

En su amparo, Fischberg aseguró que el recorte ponía en riesgo el funcionamiento el centro integral del paciente oncológico, obras del primer piso que habilitan 14 camas más para pacientes inmunosuprimidos, así como arreglos y mejoras en quirófanos; e la instalación de dos angiógrafos digitales, y la ampliación de unidades de cuidados intensivos.

En ese sentido, para la jueza Lourido, “el GCBA no logró acreditar el cumplimiento de la cautelar dispuesta en autos, por lo que corresponde no hacer lugar a su pedido de levantamiento“

“Si bien el GCBA ha argumentado en torno a la solución de cuestiones vinculadas a los salarios del personal que se desempeña en el Hospital ‘Prof. Dr. Juan P. Garrahan’, lo cierto es que la medida cautelar dictada no se ha circunscripto a ese aspecto del presupuesto”, manifestó.