Aunque se va normalizando la provisión de gas en garrafa, los precios siguen por las nubes: cuestan 100 por ciento más de lo que fija la ley. La Defensoría del Pueblo nacional presiona para que los entes reguladores controlen y apliquen sanciones a los que sacan provecho de la situción.

“Si bien en la ciudad se tiende a normalizar el faltante, lo que no ha disminuido son los precios. No se respeta el precio subsidiado, ése es el problema”, advirtió Juan Manuel

Llamosas.

En este sentido, el coordinador regional de la Defensoría del Pueblo de la Nación indicó que las garrafas están hasta un 100 por ciento más caras del valor que fijó el Gobierno nacional. En los comercios, llegan a costar hasta 35 pesos, según pudieron constatar relevamientos efectuados por el organismo.

“Al principio, creíamos que el aumento de precios tenía que ver con el faltante, aunque tampoco se justificaba. Pero ahora que se está tendiendo a normalizar, el precio se mantiene igual. Por eso pedimos que se controle. Existen problemas en algún punto de la cadena de comercialización”, explicó Juan Manuel Llamosas.

Sólo yendo a comprar a las distribuidoras, se pueden conseguir las garrafas sociales a 16 pesos, tal como lo establece la normativa de la Secretaría de Energía de la Nación. El problema es que esos puntos de venta están en las afueras de la ciudad, en la ruta A-005 o en la 8.

En los centros de distribución, hay un cupo mínimo de garrafas, “pero se agota rápidamente”, sostuvo el delegado de la Defensoría del Pueblo nacional. “En la mayoría, se puede conseguir al precio subsidiado. El tema es que a lo mejor se quedan sin stock en una o dos horas”, agregó.

Sin embargo, por cuestiones de comodidad y cercanía, una gran cantidad de

riocuartenses compran el gas envasado en comercios minoristas.

Para Llamosas, “en la gran mayoría de los casos, al usuario la garrafa le llega a través del almacén de barrio, o a través del envío de una distribuidora, y el precio se duplicaProxy-Connection: keep-alive Cache-Control: max-age=0 No se consigue por menos de 32 o 35 pesos”.

“Eso tiene que ver con los subdistribuidores, o con las mismas distribuidoras. Muchas veces, ellos terminan aumentando el precio final de la garrafa, a través del concepto de flete”.

Pedido de informes

Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo de la Nación solicitó a mediados de semana que se amplíe la intervención de la Secretaría de Energía y que se controlen los aumentos de precios, y los eslabones en la cadena de producción que “no respetan la ley”.

“Se hizo un pedido de informes más amplio, la semana pasada, para saber si se han instalado puntos fijos en cada una de las distribuidoras y fraccionadoras de gas, para auditar la provisión de las garrafas; cuáles son las productoras que acordaron la estabilidad de precios y cuál es el grado de cumplimiento de entrega del producto por parte de las productoras a las fraccionadoras de enero a mayo de 2010 según el cupo. Y, en el caso de que se hubiera detectado incumplimiento, saber qué tipo de sanciones se les aplicó y quiénes no cumplieron”, puntualizó Llamosas.

Ahora que la provisión de garrafas tiende a normalizarse, el principal problema es el sobreprecio. “Queremos saber a ciencia cierta si el problema está en las productoras o si las distribuidoras se terminan quedando con algún remanente y no cumplen con la distribución final”, explicó Juan Manuel Llamosas en alusión al pedido de informes.

En ese marco, la delegación Río Cuarto de la Defensoría del Pueblo impulsó una iniciativa para que la Secretaría de Energía investigue quiénes y por qué generan los aumentos de precios.

“Nosotros le hicimos una ampliación a ese pedido, con todo lo que tiene que ver con los controles de los precios. Ésa fue una iniciativa de la Defensoría del Pueblo de la Nación con sede en Río Cuarto”, rescató Llamosas.

La respuesta estaría en 15 días.