Algunos de los ministros a cargo de la seguridad de sus respectivas provincias pidieron “ayuda de las fuerzas federales en caso de desbordes”, principalmente en rutas nacionales. Otros reclamaron “una política clara” en el caso de que haya que “reprimir”. Durante las discusiones se recordó el violento desalojo de tierras de la empresa Ledesma, en Jujuy, que dejó tres muertos y decenas de heridos a fines de julio de este año.

La ministra de Seguridad, Nilda Garré, fruncía el ceño cada vez que un funcionario provincial pronunciaba la palabra “represión”. Ella habla de “controlar la protesta social”, una directiva de la Presidenta: hay que evitar las tomas, los acampes y hasta los piquetes.

Y en ese sentido, Garré apuró a las provincias que se resistían a firmar un protocolo para el uso del poder del Estado para desarticular las manifestaciones públicas. “El tema no es nuevo, se viene trabajando desde la primera reunión en marzo”, minimizó una fuente con despacho en la casona de Gelly y Obes que acaba de llegar del exterior. “La reunión del plenario fue positiva. Algunas provincias ya se comprometieron a firmar”, agregó.

Córdoba, Santa Fe y Corrientes figuran entre las que no firmaron el discutido protocolo que tiene como principal objetivo “controlar de manera inteligente” las protestas sociales y “evitar cualquier tipo de desborde”. Los representantes de Salta, Santiago del Estero, Misiones y Jujuy son los que reclamaron “reglas claras” para actuar y respaldo de las autoridades nacionales.

Dos ministros y un funcionario de segunda línea que participaron de la reunión se sinceraron con PERFIL. “Con la ministra coincidimos en que una cosa es el país que había hace nueve años en el que había una crisis social real, y otra cosa es el país de hoy, donde las protestas tienen un condimento político”, argumentó el ministro de una de las provincias con buena sintonía con la Casa Rosada.

Otro de los ministros consultados dijo que “el protocolo para tratamiento de la fuerza de seguridad en las manifestaciones públicas es bueno. Se están aceptando criterios razonables. Lo bueno de esta segunda reunión es que hubo sinceramiento, todo el mundo tenía problemas y nadie lo quería decir”.

El tercer funcionario habló del “miedo que le tienen los porteños al ruido de las cacerolas”, y “del julepe que le tenemos en el interior cuando hacen un piquete y la policía gana menos que el piquetero”. “El milico que tenemos en la provincia no entiende del protocolo y si lo mandás a una protesta sin balas de goma te manda a la puta y se te enferma”, se quejó el mismo funcionario.

Pero la discusión más fuerte no se dio en el Ministerio. El nuevo escenario fue la Escuela de Policía Bonaerense Juan Vucetich, durante una cena que organizó el ministro de Justicia y Seguridad de Buenos Aires, Ricardo Casal. Del convite no participó la ministra Garré.

En su discurso, Garré destacó la política de intervención prioritariamente disuasiva y no represiva que impulsa desde su cartera: “En 2011 pudimos avanzar en este proceso de consolidación, poniendo a consideración de las provincias el acta acuerdo de Criterios Mínimos para la Intervención de Fuerzas Policiales en Manifestaciones Públicas como pautas orientadoras”.