El legislador había presentado, junto a la Diputada Mónica Ruti, la semana pasada un proyecto de declaración en igual sentido, pocos días después que se conociera la adhesión de la provincia de La Rioja a este régimen de excepciones fiscales que favorece al sector industrial.

"Cuando presentamos el proyecto aún no se había publicado en el Boletín Oficial de la Nación el decreto 699 que, luego, supimos que era extensivo a todas las provincias alcanzadas por la Ley 22.021. Por ese motivo ahora Diputados aprobó por unanimidad la adhesión a este decreto y facultó al gobierno a que firme el convenio, pero el proyecto que aprobamos contiene un artículo que podría ocasionar problemas, dado se hace reserva de supuestos derechos adquiridos que se temen perder, como autoridad de aplicación" señaló el legislador.

Explicó que la nueva normativa dispone que "ahora la autoridad de aplicación, que es la provincia, aprueba el proyecto pero el mismo debe ir al Ministerio de Industria y Producción de la Nación, para que emita un dictamen vinculante. Y el gobierno aparentemente cuestiona ese paso, lo cual es contradictorio, porque no se puede adherir a un decreto y, al mismo tiempo, cuestionarlo".