Garavano: “estamos muy preocupados por la situación de la Justicia de Tucumán”

Garavano: “estamos muy preocupados por la situación de la Justicia de Tucumán”

“Recién cuando se agoten las alternativas provinciales podríamos evaluar la necesidad de una intervención federal”, dijo el macrista El ministro de Justicia nacional dijo que Manzur debe involucrarse en la resolución de los conflictos en los Tribunales

Varias veces se lamenta Germán Garavano, ministro de Justicia y de Derechos Humanos de la Nación, del estado que presentan los poderes judiciales del país. En una sala de reuniones contigua a su despacho, el ex fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires matiza, y dice que hay casos y casos. El de Tucumán, por ejemplo, parece destacarse del resto. “Estamos muy preocupados por lo que ocurre allá”, evalúa el funcionario durante una entrevista a solas.

Bien dispuesto para la conversación aunque apurado por una agenda afiebrada (que ese miércoles incluía un acto en la Casa Rosada con motivo del impuesto a las Ganancias), Garavano admite que los tucumanos han logrado llamar su atención. Ocurre que desde que asumió, el 10 de diciembre, ha escuchado versiones sobre los problemas que afrontan los Tribunales locales de “boca” del Colegio de Abogados de la Capital, de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), del ministro público Edmundo Jiménez y de otros informantes oficiosos cuyos nombres no han trascendido.

La ronda de audiencias en el edificio de la calle Sarmiento 329 empezó cuando los letrados decidieron ventilar sus temores de que las causas penales que involucran al ex fiscal Guillermo Herrera queden en la nada (el Colegio actúa como denunciante). Ese temor se desató en diciembre, a posteriori de que el magistrado Enrique Pediconeinformara a la Corte Suprema que Jiménez, y otros jueces y fiscales habían operado para impedirle revisar una resolución que beneficiaba a Herrera en el ámbito de una investigación ligada a la causa “Jorrat”. A fines de diciembre, el alto tribunal removió el obstáculo expuesto por Pedicone, pero aún ningún tribunal se expidió sobre la presunta connivencia advertida por aquel vocal de la Cámara de Apelaciones.

En enero, el ministro público Jiménez viajó a la capital del país para dar a Garavano su versión sobre los comentarios “temerarios” de los abogados. A su regreso, el ex ministro de Gobierno y Justicia histórico de José Alperovich (dejó el cargo en 2014 para asumir la jefatura de los fiscales y defensores) diagnosticó que el Poder Judicial está sumido en una crisis general y estructural. Esta debacle, según su criterio, impide dar una respuesta adecuada a la ciudadanía que acude a los Tribunales. En febrero y a modo de remedio, Jiménez propuso adoptar el Código Procesal Penal de la Nación suspendido por el Gobierno de Mauricio Macri, en parte por las facultades discrecionales que esta normativa acordaba a Alejandra Gils Carbó, procuradora general de la Nación y lideresa de Justicia Legítima. El texto que Jiménez envió al Poder Ejecutivo consagra la autarquía del Ministerio Público, instituto que autorizaría a Jiménez a desprenderse de los controles que ejerce la Corte en cuanto a la administración del personal y del presupuesto.

“Vemos que hay muchos conflictos”, resumió Garavano durante la charla en la que también se refirió a la intervención general como un último recurso, y a la necesidad de que el gobernador Juan Manzur y la Legislatura se involucren en el fortalecimiento del Poder Judicial.

- ¿Qué sensación le queda después de haber escuchado las cuitas judiciales de los tucumanos?

- Estamos muy preocupados por la situación de la Justicia de Tucumán. Este Ministerio no tiene una responsabilidad directa en la cuestión, pero nosotros hemos sugerido a quienes vinieron hasta aquí la conveniencia de que la Provincia haga un esfuerzo por zanjar todos los asuntos que están afectando de algún modo al Poder Judicial de Tucumán, tanto en la relación del Ministerio Público con la Corte Suprema, como en la del primero con el Colegio de Abogados de la Capital. También respecto de investigaciones y procesos penales que tienen trascendencia pública, y que complejizan el panorama. En el Ministerio de Justicia de la Nación lo que podemos hacer, por ahora, es mirar la evolución de estos temas, algo en que ya está en marcha. En relación con algunos procesos específicos, tenemos un abogado designado interviniendo y le estamos pidiendo que genere los informes respectivos. Queremos fortalecer nuestra presencia en Tucumán a partir del programa de Lucha contra la Impunidad. Con esas herramientas y nuestra preocupación vamos a seguir el desarrollo del conflicto, a la espera de que pueda ser resuelto por los cauces normales y en el ámbito de las instituciones provinciales, que es lo que en principio correspondería.

- ¿Quién es el abogado nombrado por el Ministerio para seguir los procesos penales con trascendencia pública?

- No tengo su nombre. Pero, además, estamos en un proceso de evaluación porque el programa de Lucha contra la Impunidad depende de la Secretaría de Derechos Humanos, que conduce Claudio Avruj. Ellos están analizando la plantilla de abogados externos, con lo cual, aunque supiese el nombre, preferiría en este momento no darlo.

- ¿En estos tres meses en el poder ha podido formarse una idea sobre la realidad de los poderes judiciales del país?

- Vengo trabajando con ellos desde hace 20 años, así que los conozco bastante bien. Conozco la Justicia de todo el país de punta a punta.

- ¿Y en qué posición situaría a la de Tucumán?

- Por un lado están la gestión y el servicio que recibe la población, y, por el otro, los asuntos institucionales. Mi sensación es que en su momento hubo esfuerzos para mejorar algunas cuestiones en el Poder Judicial de Tucumán, como la capacitación de los aspirantes a jueces y avances en materia de gestión. Pero, por otro lado, es imposible soslayar la situación institucional: en esa línea, lamentablemente, estamos preocupados. También es cierto que vemos tensiones en varias jurisdicciones, en algunos casos como consecuencia de los cambios de gobierno. Por desgracia, en Argentina todavía las transiciones políticas tensionan a las instituciones y a la sociedad: nosotros esperamos que en el futuro esto sea diferente. Como a veces hay modificaciones profundas en los poderes Ejecutivo y Legislativo, ello necesariamente impacta en el Poder Judicial, aún cuando las nuevas autoridades pertenezcan al mismo partido que había antes. Esto no sólo se está viviendo en Tucumán, sino en varias jurisdicciones. En el norte, sobre todo, hay una asignatura pendiente en materia de Justicia…

- ¿En cuanto a la independencia judicial?

- Sí, pero también hace falta gestión y transformación. Salta y, parcialmente, Chaco han generado avances en algunos campos, pero en el resto del norte se advierten menos cambios y cuestionamientos: el Poder Judicial no termina de encarar un proceso de reformas. La mayor herramienta para lograr la independencia judicial es que la Justicia goce de la confianza de la población: no sirven la autarquía ni los métodos de designación de jueces si aquello falta. Es decir, son marginales en función de garantizar la independencia porque realmente lo que incide es la confianza de la sociedad en sus magistrados. Lamentablemente en nuestro país, en términos generales, la Justicia todavía goza de bajos niveles de confianza. Esto es distinto en naciones hermanas como Uruguay, donde la mayor parte de la población respalda a su Poder Judicial. En Argentina esto no ocurre y ello genera poderes judiciales más débiles. Este círculo vicioso se rompe cuando la Justicia se relaciona de mejor manera con la comunidad; cuando la gente ve que el sistema funciona porque no mira a la política sino a la ciudadanía y ese es el cambio que hay que hacer. Mi sensación es que la Justicia todavía tiene su mirada demasiado enfocada en la política. Y el Gobierno nacional anterior, como muchos gobiernos provinciales, lo que hicieron fue exacerbar esa distorsión. Y, de hecho, la mayoría de las reformas ejecutadas siempre buscaron satisfacer necesidades políticas concretas y no la necesidad de que los Tribunales miren a la ciudadanía. Próximamente nosotros presentaremos un programa que se llama Justicia 2020, cuyo objetivo es promover esta mirada, y esa cercanía a partir de instituciones más modernas, independientes y confiables.

- Usted brega porque la conflictividad de los Tribunales provinciales sea resuelta en las provincias, pero en Tucumán muchos creen que la confrontación se dirige hacia una intervención. ¿Baraja esta opción?

- La intervención federal, aún del Poder Judicial, es una medida extrema aunque se puede aplicar porque está prevista en la Constitución Nacional. Antes de eso hay que agotar todas las instancias: nuestra sensación es que esas etapas todavía no han sido exploradas. Hay un gobernador que acaba de asumir (Juan Manzur) y la Justicia debe ser una de sus tareas principales. La Legislatura y la Corte Suprema de Tucumán también han de ofrecer soluciones institucionales de cara a la sociedad. Recién cuando estas alternativas hayan fracasado podríamos evaluar la necesidad de una intervención. Nosotros creemos que hay que dar tiempo y espacio, y que la Justicia de Tucumán debe encargarse de esclarecer casos que generan conmoción social, además de las cuestiones internas que se vislumbran y que han sido puestas sobre esta misma mesa en la que estamos ahora. De hecho, los conflictos judiciales de Tucumán han sido los que más recurrentemente han llegado hasta aquí desde que asumimos.

- ¿Qué le dice a usted que en la Justicia provincial no haya habido juzgamientos de funcionarios públicos o de investigaciones de corrupción durante los últimos 15 o 20 años?

- La corrupción es una de las grandes deudas de todos los Tribunales del país. Lamentablemente este fenómeno de que los jueces miren a los políticos y viceversa produce el efecto de que las denuncias no se traduzcan en juicios orales. En la Justicia Federal, cuando uno va a buscar los juicios de los últimos 20 años que involucran al poder político encuentra los de la tragedia de Once, de Felisa Miceli y el de María Julia Alzogaray. El número de juzgamiento es ínfimo en comparación con el volumen de denuncias. Nuestro objetivo es que el nuevo Código Procesal Penal de la Nación, cuya aplicación hemos suspendido, acelere la etapa previa al juicio oral. Hay que tener en cuenta que esto requiere un cambio cultural y que las transformaciones llevarán años, también porque la situación de la Justicia se ha ido agravando cada vez más, quizá por el incremento de las ansias de control del poder político de turno dirigidas a conseguir la impunidad. 

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