Para mí, por supuesto es un gusto. No sólo el regresar a Jujuy, sino también el tener la posibilidad de participar de actividades programadas con anticipación. Estamos recorriendo el país con estos foros, recitales y festivales que contienen todas las voces, buscando generar los debates y encuentros necesarios alrededor de la aplicación integral de la Ley. Estamos muy contentos de transitar este proceso, convencidos que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es sumamente importante para mejorar la calidad de nuestra democracia. Es una ley profundamente comprometida con la pluralidad, la diversidad de voces, la distribución de la palabra, el derecho a la información y la libertad de expresión. Nos alegra que esta Ley se esté aplicando en la Argentina, porque implica un orgullo enorme para los argentinos y argentinas. Como dice Frank Larroue, el relator para la libertad de expresión de Naciones Unidas, es una ley que se toma como ejemplo y modelo para otros lugares del continente y el mundo. Este proceso que vive la Argentina de transformaciones y de profundas políticas distributivas, en el caso de esta ley, viene también a distribuir con equidad la palabra.

Desde hace varias semanas se viene planteando la importancia del 7 de diciembre, fecha en que se aplicará la ley en forma integral. ¿Cómo se separa el verdadero objetivo que tiene esta norma de la pelea mediática que impuso el grupo Clarín?

Para garantizar pluralidad y diversidad, la ley dice que hay que enfrentar las tendencias monopólicas, las concentraciones mediáticas y las posiciones dominantes que generan competencia desleal y lesionan no sólo el mercado de la comunicación audiovisual, sino también la posibilidad de la existencia de todas las voces, el derecho a la información y la libertad de expresión. Por lo tanto, es una ley antimonopólica que busca que nadie tenga más del 35 % del mercado, más de 10 licencias de aire, o más de 24 sistemas de cable, por ejemplo. Para ello establece el procedimiento de adecuación y lo pone en marcha. El 7 de diciembre no es una fecha que establezca el Afsca ni el Gobierno nacional sino la Corte Suprema de Justicia de la Nación, poniendo un límite a la medida cautelar que tenía frenada la aplicación integral de la ley. En este sentido, el máximo tribunal dijo que la ley se aplique a partir de esa fecha, más allá de que se resuelva o no la cuestión de fondo, porque no hay ningún riesgo para la libertad de expresión.

¿Esta decisión judicial ratifica entonces la posición que tiene el Gobierno en torno a la aplicación global de la norma? Es decir, ¿es un revés para aquellos grupos que no quieren adecuarse a la misma?

Es un paso importante para que se cumpla la ley. Con este fallo, la Corte no hizo lugar al pedido de prórroga de la cautelar realizado, en este caso, por el grupo Clarín, asegurando además que es inadmisible tal petición. Por supuesto que se ha convertido esa fecha en algo muy importante. Porque es el momento donde se puede, después de tres años de vigencia, aplicarla integralmente. La ley no es para un grupo, ni para dos ni para tres. No es para el grupo Clarín, es una ley y es para todos. Lo que pasa es que se habla de este grupo porque es el único que no la quiere cumplir. Si esto no hubiera sucedido no tendríamos que hablar de Clarín, sino de una ley de la democracia que deja atrás una norma oscura de la dictadura militar y que se aplica sobre todos los grupos que se exceden del número de licencias permitidas. En esta situación hay veinte grupos, por lo tanto tendríamos que estar hablando de todos ellos y no de uno solo. Pero se habla de esa manera, insisto, porque es el grupo que más se excede y el único que ha expresado la voluntad de no cumplir la ley.

¿Qué pasará con aquellos grupos que hasta el 7 de diciembre no hayan presentado su plan de desinversiones?

Hasta esa fecha, todos los grupos tienen tiempo para presentar su plan de adecuación voluntaria. Esto significa que todos podrán armar su propio plan. Se pueden dividir o, en el caso de las sociedades, sus miembros tienen la posibilidad de desvincularse y armar empresas distintas. La ley pretende que no haya un gigante “toma todo” que lesione su espíritu. En definitiva, los titulares pueden definir su propio plan previo al 7D. Después de esa fecha, todos los plazos estarán absolutamente vencidos para la adecuación voluntaria y quedará habilitará la instancia de transferencia de oficio. No hará más que dar cumplimiento al plan de adecuación, pero a través del Estado. El procedimiento incluye varios pasos. La apertura del registro de oferentes, pasar las licencias y los bienes afectados al uso de las mismas, seleccionar las licencias a licitar, abrir el proceso licitatorio, adjudicar a los nuevos titulares y realizar el traspaso.

¿Cómo se realizaría por parte del Estado la selección de los medios a licitar?

Previo al 7D el criterio corre por cuenta del titular de la licencia y después de esa fecha el criterio lo establece el Estado. En ese sentido, vamos a seleccionar el medio de menor valor económico y simbólico para que le quede al titular el de mayor valor, para causar el menor perjuicio posible. Si el Estado interviene de esta manera, es porque el titular no lo hizo voluntariamente antes del plazo establecido.

En ese contexto, ¿qué va a pasar en Jujuy?

Mañana (por hoy) me voy a explayar sobre este punto cuando tome contacto con el periodismo jujeño y cuando tenga toda la documentación en mano. Insisto, todos los grupos que se encuentren excedidos de los requisitos de la ley tienen que adecuarse. Este es un mandato de la presidente Cristina Fernández de Kirchner, hacer cumplir la ley sin excepciones ni privilegios para nadie. Hasta ahora, todos los grupos de Jujuy han expresado la voluntad de presentar su plan antes del plazo establecido.

La oposición política afirmó que usted es una suerte de comisario del gobierno K para la aplicación de esta ley. ¿Qué opina al respecto?

El arco opositor de la Argentina, en su mayoría, se ha sometido a la estrategia de los grupos económicos concentrados. En este caso sucede lo mismo cada vez que aparecen en la prensa pretendiendo desvirtuar el proceso que se debe llevar a cabo con el plan de adecuación de los medios. Incluso algunos sectores han buscado funcionar como la voz parlamentaria de los intereses corporativos. Obviamente que intentan descalificar. Ahora lo importante es que se cumpla la ley, porque es una norma de la democracia, votada por oficialistas y opositores. Es además de una ley surgida de distintos foros realizados en todo el país, con miles de organizaciones políticas, sociales, gremiales, culturales y académicas que realizaron su aporte. Es una ley que se debatió largamente en el Congreso de la Nación, mediante audiencias públicas que incluso se efectuaron a lo largo y ancho de la geografía Argentina. Es una ley que mejora la calidad de la democracia y absolutamente necesaria para garantizar el derecho a la información y la libertad de expresión, para que el conjunto de los argentinos pueda tomar la palabra y hacer oír su voz. No hay ninguna duda que es una norma para asegurar todas las opiniones y para que lo diverso de nuestro país tenga su lugar.

¿Por qué es una ley absolutamente necesaria?

Porque propicia equidad y la diversidad de voces. Es una norma que contiene aspectos puntuales que termina con aquellos que han construido concentración mediática, posiciones dominantes y tendencias monopólicas, utilizando esa situación para construir poder político y poder económico, condicionando muchas veces el destino del país. Lo cierto es que el país se puso de pié desde el 2003 en adelante y que el futuro de los argentinos lo decide el pueblo a través de su Parlamento y de la presidente.