El defensor del pueblo adjunto Ignacio Gandolfi señaló que a Ana Piccinini “no le importa la gente, ni los adjudicatarios ni los no adjudicatarios, lo único que le importa es golpear al Gobierno en la búsqueda de sus propios objetivos políticos”. “No tiene autoridad moral ni legal para desautorizarme”, sostuvo.
Aseguró que “se está trabajando intensamente y se pretende lograr una solución para todos los afectados por esta situación” y advirtió que “si bien todos son terceros de buena fe, la situación desde lo jurídico resulta diferenciable”.
Explicó que “un grupo aparece en un listado confeccionado por el IPPV, publicado en el Boletín oficial y en todos los medios, diciendo que son las familias adjudicatarias. La relación de este grupo es directa con el IPPV. Las otras personas, que son diez aparentemente, y que fueron presuntamente estafados por el Sindicato de Viales, y su titular Carlos Sansuerro, tienen que exigir que el sindicato responda civil y penalmente por los daños ocasionados a estas personas”.
En ese marco, el defensor del Pueblo adjunto sostuvo que si la Justicia determina la responsabilidad del gremialista “Sansuerro deberá ir preso”. No obstante ello, aclaró que “lo que es inentendible es que estas familias no iniciaron la denuncia en sede penal, porque éste sería un delito de instancia privada y nadie se presentó ante un juez y solicitó que se investigue a Sansuerro y al Sindicato de Viales”.(
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