Hasta entonces gozaba, inclusive, de quórum propio. Sus legisladores podían hacer y deshacer, sin ayuda de nadie, lo que mandara el Ejecutivo.

Aquella mayoría automática anulaba la división de poderes.

El 1° de marzo, cuando se inició el actual período de sesiones, el panorama era otro.

Ni los oficialistas ni los opositores estaban en condiciones de imponer su voluntad y, por lo tanto, debían buscar consensos.

Dos errores han frustrado, hasta ahora, esa posibilidad.

1. Euforia injustificada. Los bloques no oficialistas quisieron creer que la mayoría automática, lejos de desaparecer, había cambiado de manos. Le pertenecía, ahora, a ellos.

Era un espejismo. El partido de gobierno tiene, aún, la primera minoría en ambas cámaras. La llamada "oposición", por su parte, es un mosaico; y algunos de sus fragmentos pueden separarse a la hora de discutir tal o cual proyecto.

En Diputados, el Frente para la Victoria conserva un tercio de las bancas y la segunda fuerza (la UCR) tiene un sexto. La otra mitad pertenece a 82 bloques.

En el Senado, el Frente para la Victoria y sus aliados tienen media Cámara; y los demás bloques, la otra media. Al discutirse la composición de las comisiones, la "oposición" se impuso por 37 a 36. Era fácil prever que semejante tanteador no se repetiría siempre.

La UCR y bloques afines podrán aunar fuerzas en determinados casos; como lo hicieron esta semana en Diputados, para rechazar el DNU que creó el Fondo de Desendeudamiento; o en el Senado, para modificar la ley del impuesto al cheque. Es improbable, en cambio, que tengan coincidencias permanentes: representan a sectores sociales distintos y, en muchos aspectos, sus ideas difieren.

Lo importante es que sigan proveyendo la base del quórum.

2. Recurso ilegítimo. El oficialismo, hasta hace poco omnipotente, está sumido hoy en una profunda crisis: debe boicotear las sesiones, recurrir a la justicia o amenazar con el veto.

Negar quórum es un recurso excepcional. Puede emplearse, por ejemplo, para evitar la sanción de una ley que -a juicio de la minoría- afecta al interés nacional.

Aun en esos casos, el procedimiento siempre ha sido objeto de críticas. Es lo que sucedió en 1992, cuando el Presidente Carlos Menem y el Gobernador Néstor Kirchner -entonces titular de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI)- decidieron privatizar YPF.

Para ir adelante con esa privatización, necesitaban una ley. Diputados de otros partidos y disidentes peronistas -opuestos todos ellos a la "entrega del petróleo"- quisieron sabotear el proyecto y dejaron sus bancas vacías. El 22 de septiembre, desde la Casa Rosada, Kirchner hizo un llamado público: "Respetamos las posturas de los legisladores que están en desacuerdo con la ley, pero que den quórum" (Clarín, 23.9.1992).

Mientras tanto, el jefe de la bancada oficialista, Jorge Matzkin, acusaba a los radicales de "esconderse detrás de las cortinas"; y les recordaba que el pueblo los había elegido para que "trabajaran", no para que cobrasen "la dieta" y jugaran "a las escondidas".

Por fin, "alguna promesas al sindicalismo" (Clarín, 25.9.1992) acabó con más de una rebeldía en el frente oficial, y la privatización de YPF se impuso.

La infecunda negación del quórum quedó desacreditada. Se la vería, por mucho tiempo, como un acto de obstruccionismo, propio de minorías impotentes.

Hubo quienes propusieron atenuar el quórum, para que nunca una minoría pudiese paralizar el Congreso. Se recordó, por esos días, que en el Parlamento británico -compuesto por 753 miembros- bastan 40 para sancionar una ley.

Ahora, la discusión sobre el quórum ha renacido; pero en condiciones distintas.

Hoy la que quiere negar quórum es la fuerza gobernante.

Su propósito no es secreto. Legisladores oficialistas han dicho con soltura que -si el Congreso quiere contrariar los deseos del Ejecutivo- el oficialismo impedirá el funcionamiento de las Cámaras. Más aun, han adelantado que, si la "oposición" reuniera quórum y mayoría para sancionar un proyecto odioso al gobierno, la Presidenta vetaría.

"Victorias" y "derrotas". Con "la oposición" invocando una "nueva mayoría", y el gobierno dispuesto a neutralizar el Congreso, la vida parlamentaria adquirió un impropio carácter deportivo.

Todo se transformó en un PRODE: si hay quórum, gana "visitante"; si no, gana "local".

En el largo plazo, triunfará quien se esfuerce porque el Congreso funcione. Eso es lo que quieren los representados.

Se comprende que el oficialismo -siempre más atento a la eficacia política que a las formas- celebre cuando el Legislativo no puede votar algo que estorbe los planes de la Casa Rosada.

En cambio, no se entiende que quienes tienen un compromiso con la calidad institucional -incluidos diversos periodistas y analistas políticos- vean en la inmovilidad parlamentaria, un "triunfo" del gobierno.

No es lo mismo rehuir una batalla que ganarla. Es grave, por lo demás, asimilar las sesiones del Congreso a una guerra.

El Legislativo es uno de los poderes que forman la voluntad del Estado. Sus miembros deben realizar -a despecho de sus diferencias- esfuerzos conjuntos para facilitar el avance hacia una sociedad más satisfactoria.

No se trata de desconocer contrastes ideológicos. Se trata de reducir las áreas de desacuerdo y encontrar, a través del diálogo, coincidencias mínimas necesarias.

Esto no se logrará soslayando el debate en el Congreso e intercambiando acusaciones por los medios.