En su estudio, Muñoz no sólo concluye que la decisión que tomó el intendente Juan Jure avanzó sobre facultades claramente establecidas al Concejo Deliberante sino que, además, rechaza el posterior reconocimiento de facultades que aprobó el bloque oficialista en el Legislativo.

Para Muñoz, se trató de una privatización encubierta de la prestación de un servicio público que, encima, es monopólico.

“La realidad contractual observa una privatización de servicios públicos evidente y palmaria (...) Pero, además, se trata de un servicio público que se presta en condiciones monopólicas, que por haber nacido de una determinación estatal de atribuirlo a una entidad privada debe suponer necesariamente una decisión legislativa”, dice el dictamen.

Muñoz indicó además que se trató de una estatización de las pérdidas.

Para el constitucionalista, es contradictorio y vano el reconocimiento de facultades que posteriormente aprobó el oficialismo en el Concejo.

“Es por ello que el apoderamiento por una parte y el vano reconocimiento y contradictoria aprobación posterior del Concejo no lo fue mediante el procedimiento del artículo 85 de la Carta Orgánica (doble lectura y quorum agravado) siendo por lo tanto nulo de nulidad absoluta”, escribió Muñoz.