Recordó que siempre los estudios de “impacto ambiental” son solventados con el dinero de los interesados, como un detalle a tener en cuenta.

En el proyecto del 12 de noviembre de 2009 se señalan las demandas de agua: para consum humano, para uso doméstico, para forestación y parques y para uso recreativo (el proyecto incluye 260 piletas, una por lote).

A la hora de explicar de dónde obtendrían agua, se señala que provendría del acueducto para el consumo humano. Pero para el resto, sería agua proveniente de las napas y subterránea de las perforaciones.

Altolaguirre respondió a quienes relativizan las perforaciones, porque ese tipo de obras tienen influencia de acuerdo a las bombas que se usen. Para dar un ejemplo, señaló que toda Santa Rosa es abastecida por 80 perforaciones, lo cual demuestra que una perforación puede tener influencia importante.

El proyecto también habla de la “intercepción de agua de lluvia”. Y hasta de “agua reciclada” (agua tratada, de desecho, cloacal, que se usaría para riego de espacios verdes y el arbolado). Sin embargo, no sólo hay una advertencia de APA en ese sentido (esos líquidos “si no son eliminados del área en el tiempo producirán contaminación de las napas”, sino que la ley 1.508 -de emisiones y descargas de efluentes líquidos y agregados- dice en su artículo 3 que está expresamente prohibido el desagüe de efluentes líquidos o residuos tratados o sin tratar en vías y espacios de dominio público, salvo evacuación de agua de lluvia.

Altolaguirre lo resume: no se puede usar ese agua ni siquiera para riego.

El artículo 4 de la mencionada ley prohibe la descarga o inyección de efluentes líquidos residuales a las napas de agua subterráneas “como asi también el vuelco de efluentes residuales sin tratamiento a menos de 5 mil metros de balnearios y toma de agua de consumo humano”.

El concejal indicó que hay antecedentes de aplicación de sanciones y prohibiciones concretas en nuestra provincia.

Señaló, de paso, que los abogados son de alguna manera “privilegiados” porque tienen “el monopolio de la aplicación de la ley”, con lo cual “lo mínimo que se le puede pedir a un abogado es que respete la ley y no fuerce interpretaciones”.