El diputado le pedirá al juez Barría que cite a Quintela para que explique el destino de los fondos de los aportes de los 10 meses anteriores.
Hasta ahora la causa penal por los aportes a los 2.000 trabajadores PIL -que se halla en manos del juez Daniel Barría- sólo alcanza a la secretaria de Hacienda del municipio Claudia Ortiz, pero Galván aseguró que la ampliará al jefe comunal.
Según Galván, más allá de que ya se resolvió el conflicto sobre el pago a futuro de los aportes por obra social, jubilación y seguro de vida, aún resta saber el destino de los fondos por los aportes que la comuna no hizo durante los últimos 10 meses a contar desde la fecha de la firma del convenio con la Nación.
“Acá no hay ningún acuerdo con la Provincia. Lo que hay es el cumplimiento de la ley, es el reconocimiento expreso del municipio de que son ellos quienes deben hacerse cargo de las obligaciones de pagar los aportes tal como se comprometió en el convenio que el municipio firmó con el secretario de Empleo de la Nación, Enrique Deibe. Esto ratifica nuestra verdad, ratifica lo que denunciamos desde el primer momento”, dijo Galván.
En relación a la ampliación de la denuncia penal, Galván indicó que le pedirá al juez Barría que cite al Intendente “para que explique dónde están depositados los 10 meses de descuentos por aportes que se le ha venido haciendo a los PIL”. “Queremos saber adónde fueron a parar esos fondos. También le vamos a pedir al Juez que cite a Quintela para que el Intendente explique porqué a sabiendas de que era él quien debía hacer los aportes recién 10 meses después viene a reconocerlo causando un gran perjuicio a 2.000 familias”, dijo.
Descuentos arbitrarios
Asimismo, el diputado radical añadió que también le pedirá a Barría que le pida explicaciones a Quintela respecto de “por qué en el recibo de sueldos se descontó a los PIL sumas de dinero que nos se corresponden con los aportes y cargas sociales”.
A modo de ejemplo, Galván mencionó que el descuento por obra social debía ser de 98,46 pesos pero que el municipio descontó 38,39 pesos a cada PIL. También dijo que el descuento jubilatorio debía ser de 277,90 pesos pero que el municipio descontó sólo 105,57 pesos a cada trabajador. “Esto significa que acá hubo descuento de sumas arbitrarias y significa que destinaron el dinero de los aportes de los PIL para otros fines. Todo esto configura los delitos que nosotros denunciamos”, agregó Galván.
Aumentos
En este marco, Galván propuso que el dinero descontado a los PIL en concepto de aportes durante los últimos 10 meses sea destinado al pago de los aumentos salariales al que no accedieron los PIL municipales. “Como ese dinero ya no se puede aplicar retroactivamente a la cobertura de obra social y seguro de vida, pedimos que esa plata que les descontaron a los PIL en estos 10 meses sea destinada a los aumentos salariales. Fueron 150 pesos en febrero, 150 pesos en mayo, 200 pesos en septiembre más el pago del medio aguinaldo. Que paguen el aumento con la plata que retuvieron indebidamente”, reclamó.
Finalmente, el diputado se refirió a los dichos de Quintela respecto de la causa penal por los PIL. Anteayer Quintela consideró que a partir del acuerdo alcanzado con la Provincia, Ortiz debería quedar sobreseída y agregó que la causa judicial “debería quedar en abstracto”. “El Intendente cree que en La Rioja los funcionarios se pueden quedar con los fondos públicos y cree que puede borrar con el codo lo que pasó en los últimos 10 meses respecto de los aportes a los PIL”, le contestó el legislador.
Galván aclaró su postura sobre la minería
Por otra parte, Galván aclaró que fueron tergiversados sus dichos respecto de su postura sobre la minería en la provincia. “Yo no estoy en contra de la minería. Estoy en contra del proceso minero que impulsa el Gobierno, en contra de la explotación minera a cielo abierto, sin control ambiental y sin consenso social. Estoy en contra de que se avance con este tema sin que la sociedad sepa en qué consiste el proyecto minero a través de audiencia pública”, dijo.



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