El gobierno local admitió como posible discutir con la Nación métodos alternativos a la ley de promoción industrial para captar inversiones privadas genuinas, pero ratificó la necesidad de contar con esas herramientas fiscales para hacer viable una política de desarrollo que no dependa exclusivamente de fondos públicos, como las actuales empresas estatales SAPEM.
“Nosotros no nos cerramos a sentarse a debatir distintos tipos de incentivos, no estamos cerrados a que sea igual que la ley 22021”, dijo el funcionario provincial.
El dirigente remarcó que el nuevo mecanismo no necesariamente debería ser igual al sistema que existía desde finales de la década del 80.
En el mismo sentido, el funcionario provincial hizo referencia a la necesidad de que existan incentivos al desarrollo industrial.
“Si no hay incentivos fiscales ningún inversor va a venir a la provincia, no digo solo a La Rioja, sino a cualquier provincia que esté lejos de los centros urbanos”, comentó.
Esta semana, el gobernador Luis Beder Herrera admitió que, “por ahpra”, la única posibilidad de desarrollar emprendimientos y generar empleo es a través de las empresas estatales SAPEM, debido a la negación del gobierno nacional en aplicar nuevas herramientas fiscales para atraer capitales.
Expectativa por la audiencia del 28 en la Corte Suprema por el reclamo de la AFIP sobre el valor de los bonos fiscales
El Gobierno provincial cree que la audiencia en la Corte Suprema de Justicia del próximo 28 de junio será clave para definir el futuro de las empresas radicadas en La Rioja.
El Estado nacional reclama 1.000 millones de pesos en concepto de actualización de bonos por parte de las empresas que cuentan con la Promoción industrial.
La Nación, a través de la AFIP, plantea que los emprendimientos industriales paguen los impuestos que no abonaron durante casi una década por considerar que contaban con fallos judiciales que los favorecían.
“Es fundamental lo del día 28, porque de nada sirve seguir hablando de incentivos si sigue estando esta espada de Damocles sobre las empresas, que no saben a favor de quién se va a resolver esta contienda”, dijo el Secretario.
A esa audiencia fueron citados el ministro de Economía Hernán Lorenzino, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray y el gobernador Luis Beder Herrera. La Corte pretende que, entre las partes, alcancen a un acuerdo que exima al máximo órgano judicial de tomar una decisión que pueda afectar a alguna de las partes.



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