La medida es parte de un plan del Gobierno para ponerse más restrictivo a la hora de elegir los candidatos a ocupar cargos de jueces federales y nacionales.

La decisión se conoce tras la destitución del camarista federal Eduardo Freiler, cuestionado por su patrimonio y en medio de las pujas entre el Gobierno y un sector de los jueces federales.

De ahora en adelante, quienes se anoten en los concursos para aspirar a ser juez deberán haber pasado una prueba de la AFIP que analizará sus bienes, sus declaraciones de impuestos y su patrimonio.

El decreto de hoy modifica otros dos anteriores (el 588 y el 222), en los que ya estaba previsto un informe de la AFIP.

 

Crédito: Boletín Oficial

 

La diferencia es que ahora esa tarea no se realizará solo analizando si registran o no deudas fiscales, sino que se hará un análisis patrimonial más exhaustivo y de consistencia de sus declaraciones juradas, según indicó Garavano a LA NACION.

Esta medida se aplica a quienes se anoten de ahora en adelante en los concursos y a los postulantes cuyo pliego esté bajo análisis del Consejo de la Magistratura y aun en los casos en que se hubieran elevado ternas al Poder Ejecutivo y el pliego del postulante aún no hubiera sido elevado al Senado.

"Esta medida tiene un efecto disuasivo, para que un desprolijo no se anote en los concursos", explicó Garavano.

La información permanecerá protegida por el secreto fiscal, aclara el texto del decreto.

La intención del Gobierno es además detectar si hay irregularidades patrimoniales, sobre todo en casos de jueces que investigan delitos de narcotráfico o corrupción.

En el Gobierno están mirando con detenimiento los casos de los jueces federales y camaristas del interior del país.

Un tercer objetivo de esta medida, explicó el ministro, es dejar asentada una radiografía económica del juez apenas asume el cargo.

Se trata de una suerte de declaración jurada inicial, pero con mayor detalle que la actual, que los magistrados presentan ante la Corte Suprema de Justicia.

De hecho, esta información económica estará en manos en el Ministerio de Justicia, en el Poder Ejecutivo, lo que abre una controversia con el Poder Judicial.

El Gobierno quiere seguir sumando medidas para elegir jueces, como la obligatoriedad de que los exámenes sean orales y transmitidos online.