El futuro del agua potable y la guerra que se viene por OSM

A partir del anuncio del gobernador del 1 de Mayo donde confirmó que la empresa de agua potable pasará a manos del Estado, comenzaron los cálculos de que cómo será la nueva OSM. Se prevé un fuerte embate de los privados en los tribunales internacionales.
Cuenta Arturo Lafalla que 1998 fue un año importante para su gestión como gobernador de Mendoza, dado que encaró el proceso de concesiones de Obras Sanitarias Mendoza (OSM) y Energía Mendoza (Emse). Ahora, a la distancia y en un sentido amplio, se dimensiona esa estimación política del ex mandatario.

En el caso de la empresa de agua y saneamiento el proceso fracasó, por el deficiente servicio que reciben desde hace tiempo los usuarios y que terminó en una intervención desde agosto de 2009, que aún se mantiene. La empresa será finalmente estatizada en esta gestión también justicialista, comandada por Celso Jaque, uno de aquellos acólitos políticos del mismo Lafalla y que creció bajo el cielo privatizador menemista.

Por supuesto que Lafalla dirá la contraparte de su historia como gobernador: lo obtenido de las concesiones de OSM y de Emse fue destinado a pagar el emblemático dique Potrerillos.

El desembarco de Jaque en OSM

[Jaque - Partidos politicos - OSM - NOTA1]

Situándonos 12 años después de aquel recuerdo de Lafalla, y si precisamente nos ubicamos en el acto político que Jaque montó el miércoles 6 en OSM, allí quedó en claro que el actual mandatario pretendió copar la parada pública y desembarcar en la empresa como si fuera el nuevo socio mayoritario de lo que será la nueva empresa de agua potable de Mendoza.

Jaque se comportó como tal, fue recorriendo las oficinas y saludando a los empleados de OSM y se reunió con los gerentes de las distintas áreas y con los delegados de los trabajadores. El mensaje fue para ellos, es decir para los dirigentes sindicales que pugnan por quedarse con buena parte del protagonismo futuro: "La participación de los trabajadores en la empresa no se toca". Es decir que les aseguró para el próximo esquema el 10 por ciento del paquete accionario que ya tienen.

Con este gesto Jaque dio por sentado que ya no quiere a los accionistas principales dentro de Obras Sanitarias y ese mismo día, a la tarde, lo corroboró en la reunión en Casa de Gobierno con los dirigentes de la oposición. Allí quedó en claro también que el gerenciamiento y la operación no se discute y que en la próxima estructura empresarial esas tareas estarán manos del Estado. Esa estructura que se está gestando deberá estar ratificada por ley, por eso la reunión de Jaque con los referentes de los partidos opositores.

Y si bien hubo un aval al regreso de OSM al Estado los jefes opositores pusieron en duda la iniciativa por las consecuencias econónomicas que puede acarrear esta decisión. Además de la inversión de unos 600 millones de pesos que habría que encarar para la reafacción y ampliación de las instalaciones y la puesta en régimen de la empresa, las demandas internacionales por parte de los privados no se harán esperar.

Control pero sin sanción

Este proceso de la intervención tuvo un revés que ha sido disimulado con la admisión de las urgencias que ocasionó la contaminación con mercurio en los cauces por el colapso de una colectora cloacal. La particularidad de esta transición es que la intervención que lleva adelante Gonzalo Dávila y el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) bajo la conducción de Javier Montoro son la misma cosa; y aún así la verificación del alto contenido de mercurio en el efluente pareció tardarse. Dicho sea de paso la emergencia originó un tironeo entre funcionarios del mismo gabinete jaquista. La tensión se notó entre el ente de control y la Secretaría de Ambiente que conduce Guillermo Carmona.

La primera conclusión que surgió es que hay inconexión entre las áreas y que el EPAS no puede no tener poder de policía como hasta ahora. Además de confirmar que los sistemas de control, en la práctica, son insuficientes por método y por recursos. Algo que debería ser debatido profundamente en estos próximos 60 días por el Poder Ejecutivo y por el Legislativo para ponderar más y mejor al EPAS.

El primer adelantado y la próxima discusión por el 39 por ciento

Como se ve esta contingencia del mercurio en agua cruda hizo que los ánimos se crisparan aún más dentro de la empresa. Pero una vez que la inquietud generalizada entre la población amainó y luego del discurso de Jaque frente a la Asamblea Legislativa del 1 de Mayo donde confirmó la reestatización de OSM, entonces se dio una señal hacia dentro. Un día antes de la llegada de Jaque al caracterizado edificio de calle Belgrano asumió un gerente general por primera vez desde que llegó la intervención. Se trata de Humberto Vallejo que hasta la semana pasada ocupaba el cargo de gerente de Coordinación General, Control de la Gestión y Planificación del EPAS.

La aparición de Vallejo fue interpretada como una señal de pacificación para promover la operatividad de OSM y a la vez para desahogar a Dávila -quien también viene del EPAS- en este último tramo como interventor donde se tiene que concentrar en ordenar la nueva estructura.

Mientras tanto ha comenzado a deliberarse dentro del Gobierno la base de la futura OSM. Desde ese ámbito, desde el cuarto piso de Casa de Gobierno se hace esta estimación: "Si ya se decidió que Estado controlará por lo menos el 51 por ciento y el 10 por ciento será seguro para los trabajadores entonces lo que está en discusión es el 39 por ciento".

De acuerdo a esta descripción entonces de ese 39 por ciento debe discutirse si los municipios pueden o quieren participar de la nueva prestataria o abrir el juego para los privados que por ahora sienten el frío del destierro. Aunque el sindicato de los trabajadores de OSM insistirá con su proyecto con este esquema: 90 por ciento en manos del Estado (donde pueden participar los municipios) y el 10 por ciento para ellos.

Conclusiones dignas de mencionar para conocer las intenciones de Jaque

Primero: el gerenciamiento y la operación estará a cargo del Estado.

Segundo: el Estado será el socio mayoritario.

Tercero: los empleados mantienen su participación accionaria.

Cuarto: podrán participar los municipios en una segunda instancia de discusión y además no se descarta la entrada de algún privado aunque el Gobierno no desea que sea ninguno de los que han participada en esta etapa de concesión.

Quinto: todo deberá contar con el aval político de las fuerzas en la Legislatura.

Velando armas

En el campo de batalla están tropas expectantes esperando el momento de avanzar hacia las posiciones enemigas. Esa mirada belicista se vive en silencio entre los grupos económicos que compraron las acciones y el poder concedente.

Si bien los privados dieron señales de reconciliación luego de escuchar al gobernador el 1 de Mayo y se mostraron proclives al retorno, entre los voceros empresariales descuentan que los abogados privados preparan un arsenal de argumentos para engrosar la demanda contra el Gobierno en el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) un organismo de arbitraje dependiente del Banco Mundial.

Y la caja negra de OSM ya la abrieron en el Gobierno. Jaque la conoce desde la última semana de diciembre, cuando le llegó un informe con los resultados de la fase "A" auditoría que la Intervención de OSM ordenó en agosto, ni bien asumió el control operativo de la empresa.

Ya para diciembre se consolidaba la convicción de que había que hacer caer la concesión y la fogoneada el mismo interventor Dávila quien remitió al Jaque y a Montoro los resultados de la auditoría.

Las conclusiones de aquel estudio trascendieron luego de que se observara en la estructura del Presupuesto 2010 que se le debían asignar facultades especiales a la Fiscalía de Estado para "contratar asesoramiento o representación legal necesaria en forma directa para defender los intereses de la Provincia ante el CIADI".

Es el artículo 20 del Presupuesto Provincial que actúa también como advertencia de lo que puede sobrevenir una vez que el gobierno decida hacer caer la concesión de Obras Sanitarias.

Por eso, el Gobierno atesora como argumento de defensa su procedimiento de intervención. "No intervenismos la empresa de un día para otro, y se hizo en base a un decreto que a la vez se fundamentó en las deficiencias técnicas que ya se sentían en el mismo sistema", adujo un abogado oficial. Con este preámbulo es que los voceros oficiales confirman que en las próximos días tendrán en la mano la auditoría final que hizo la Universidad de Cuyo un tercer organismo que garantizará la imparcialidad y el carácter científico.

La composición de OSM

La última versión de la "torta" accionaria de la empresa es la siguiente: el 20 por ciento de acciones clase "A" en manos de la Provincia; otro 20 por ciento de acciones clase "C" es de grupo Saur Internacional; además el 10 por ciento de acciones clase "B" está en manos del personal de la empresa; mientras que el restante 50 por ciento de acciones clase "A" está bajo el control de Inversora Aconcagua.

Ahora bien, ¿cómo está compuesta Inversora Aconcagua? Esta porción, la mayor de la torta accionaria está formada por el Grupo Sielecki (representado por Aguasur) con 57,5 por ciento; Inversora Mendoza tiene el 20 por ciento; el 17,5 por ciento está en manos de Saur Internacional; y el 5 por ciento restante es de Italgas.

El grupo Inversora Mendoza por Sielecki con un 33,33 por ciento; Saur Internacional con otro 33,33 por ciento; en tanto los grupos empresarios locales Presidente (de Mario Groisman) y Dalvian (de la familia Vila) con 16,67 por ciento cada uno.

Como se ve los grupos internacionales Saur y Sielecki son los principales accionistas de OSM, en ese orden, de acuerdo a un diagrama que el mismo gobierno se encargó de distribuir durante este proceso de intervención.

A propósito el grupo francés Saur es el que ya ha planteado una demanda por 70 millones de dólares ante el CIADI por la presunta inversión que ha hecho en la empresa y que no han sido reconocidos por el Estado.

Para finalizar, otra vez Arturo

[Lafalla-PORTADA]

El ex gobernador (en la foto en primer plano, de fondo Julio Cobos y más atrás Celso Jaque) recuerda en su libro próximo a presentar donde repasa sus cuatro años de gobierno, la incertidumbre se instaló en ese momento de concretar la concesión. Rememora Lafalla que Saur depositó el cheque a última hora para concretar la operación de traspaso. Eso produjo que él se comunicara con el embajador francés quien le garantizó que la empresa francesa dedicada al tratamiento de agua, cuyo principal accionista era el Estado galo haría el pago correspondiente.

Aquel episodio dejó en claro que Saur estaba en manos estatales y que buscaba expandirse en los mercados emergentes de los años ’90 como era Argentina. Ahora, 12 años después Jaque un discípulo de Lafalla intenta hacer su propia "Saur mendocina".

Comentá la nota