Por la mañana, la Gobernadora bancó políticamente la decisión de la Legislatura –y de sus propios legisladores– de elevar los salarios de la clase política. Pero ante las críticas de opositores y gremios, por la tarde dio marcha atrás y anunció que se suspenderá por decreto la aplicación del aumento dentro del Poder Ejecutivo “hasta que existan condiciones económicas”. Con ello, la mandataria tendrá un sueldo “legal” y otro “real”. La suspensión no regirá en los demás poderes y entes autárquicos.
Los platos rotos volvió a pagarlos –una vez más– la gobernadora Fabiana Ríos, quien por la mañana bancó políticamente la movida de su virtual vicegobernador Fabio Marinello –a favor del salariazo– y por la tarde terminó anunciado que la aplicación del aumento será suspendida por decreto, aunque sólo en el ámbito del Poder Ejecutivo.
La cadena de desaguisados vinculada con este tema resulta interminable. En la práctica, Ríos anunció que promulgará la ley que fija el dietazo pero, acto seguido, dictará un decreto suspendiendo sus efectos en el ámbito gubernamental “hasta tanto haya disponibilidad económica en el presupuesto del Poder Ejecutivo para absorber el incremento y hacer extensiva una mejora salarial a los empleados de la Administración Pública, tal como lo establece la Constitución Provincial”, afirma una gacetilla oficial distribuida anoche en los medios.
Ahora bien, si no hay “disponibilidad económica”, ¿por qué fue votado el proyecto por Marinello y por la flamante legisladora oficialista Norma Gildstein, quien ostenta el curioso récord de haber jurado en el cargo y haberse aumento el sueldo a los pocos minutos?
Por la mañana, a falta de un entorno confiable, la propia Ríos tomó la lanza y salió a intentar explicar la postura del gobierno en torno a este asunto. Apelando a un eufemismo, negó que se tratara de un “aumento” a la clase política, sino de una modificación de la base de cálculo de su sueldo (que desde ahora se referenciará a la categoría más baja de un empleado legislativo, y no a la categoría de un empleado del escalafón seco de gobierno). También dijo que esta forma, la Legislatura “recupera” su potestad de fijar el salario del gobernador.
Lo que Ríos no pudo justificar es por qué entonces ella misma había vetado el proyecto que el Parlamento sancionó en diciembre del año pasado, y que ahora insistió para convertirlo en ley.
Aún así, las críticas contra la polémica medida arreciaron durante toda la jornada. Desde Encuentro Popular hablaron de “escándalo” y de “saqueo del presupuesto” y proyectaron que la remuneración de la mandataria se dispararía a 44.500 pesos a partir de enero, por un aumento ya acordado a la categoría legislativa más baja (que pasaría de los $4300 actuales a $6300). Y dijeron que el sueldo de la gobernadora podría incrementarse hasta los 77 mil pesos si se aplicaran los ítems de antigüedad y título (antes prohibidos y ahora autorizados por la normativa).
No sólo eso. Además realizaron una presentación ante la Fiscalía de Estado pidiendo que se evalúe la presunta inconstitucionalidad del salariazo e ingresaron un proyecto solicitando su derogación, además de renunciar expresamente al cobro del incremento.
Por su parte los principales gremios estatales (ATE, SUTEF, ATSA) unieron fuerzas para repudiar el aumento y anunciaron acciones conjuntas contra la decisión.
Sueldo legal y sueldo real
Durante la tarde la presión se tornó insostenible y el Gobierno salió a anunciar una serie de medidas para intentar calmar las aguas.
El anunció incluyó, básicamente, estos tres puntos principales:
–el dictado de un decreto que suspenderá la percepción del salariazo “para los funcionarios del Poder Ejecutivo”, no así para el resto de los poderes.
–la suspensión regirá “hasta que existan condiciones económicas para absorber el aumento y hacerlo extensivo al resto de los agentes de la Administración Pública”.
–se enviará al Parlamento un proyecto de ley “aclarando” que los funcionarios políticos no percibirán título ni antigüedad.
Además, el Gobierno aclaró que “la suspensión del aumento será a los fines de la percepción por parte de los funcionarios y no de la fijación del salario”.
Esto significa que la gobernadora se auto limitará y hará lo propio con sus funcionarios, para ganar menos que lo establecido en la ley, pero la norma seguirá vigente.
Las implicancias, entonces, será múltiples: por ejemplo el tope salarial constitucional se calculará sobre la base del sueldo legal de la mandataria (más allá del que realmente perciba) y las jubilaciones que paga el IPAUSS se calcularán también considerando el ingreso establecido por la ley.
Es decir que en la práctica, habrá legisladores, funcionarios legislativos y de los entes autárquicos, además de empleados públicos de planta (y desde luego jueces, funcionarios y agentes judiciales) que ganarán mucho más que la propia gobernadora.
Y en relación a los adicionales por título y antigüedad, más allá del proyecto que envíe el Ejecutivo a la Legislatura (cuyas posibilidades de aprobación parecen remotas) continuará abierta la posibilidad de que sean abonados en los demás poderes, sin restricción legal alguna.
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