El fiscal de la Unidad de Delitos Criminales, Ezequiel Walther, ingresó ayer un pedido de nulidad para la última resolución que tomó el juez de Control de Garantías, de segunda nominación, José Antonio Carma. Es que el martes pasado el magistrado resolvió que los ex funcionarios Pablo Córdoba Molas y Ariel Regina sigan involucrados en la causa conocida como el "Megafraude de Desarrollo Social" y que sean enviados a juicio oral y público. Por otro lado, el magistrado dictó ,también, el sobreseimiento total y definitivo de Carlos Arriazu y Hugo Diamante.

Los abogados de los ex funcionarios apelaron la resolución de Carma al entender que si solo Córdoba Molas y Regina quedaban como imputados no habría delito y, por lo tanto, correspondería el sobreseimiento de todos los involucrados.

Walther, que tuvo la responsabilidad de la instrucción de la causa, se opone a la última resolución de Carma al considerar que de la investigación surgen elementos suficientes para que todos los involucrados sean enviados a juicio oral y público. Incluso, se cuestiona también el sobreseimiento del ex contador de la Provincia Juan Andrés Barrios.

Fuentes judiciales adelantaron que si Carma no hace lugar al planteo de nulidad, entonces se ingresará un recurso para apelar la última resolución.

Antecedentes

A fines de abril del 2010, el juez Carma había resuelto el envío a juicio del ex secretario de Desarrollo Social, Pablo Córdoba Molas, el ex director de Políticas Juveniles, Roberto Regina y al titular de la fundación Jóvenes en Progreso, Carlos Arriazu.

En el auto interlocutorio también se había resuelto el sobreseimiento total y definitivo de Hugo Diamante, presidente de la fundación "Ideia", y de varios empleados de las áreas de Acción Social, Tesorería y Contaduría General de la Provincia.

A posteriori, el fiscal de instrucción Ezequiel Walther, quien había solicitado la elevación a juicio, apeló todos los sobreseimientos.

En septiembre del 2010, la Cámara de Apelaciones dictó la nulidad de la causa, por lo que el expediente retornó al Juzgado de Control de Garantías. Es que Arriazu, Córdoba Molas y Regina habían apelado debido al sobreseimiento de los otros siete involucrados.

Carma no fue apartado del caso y tuvo en sus manos la resolución tras las oposiciones planteadas por las defensas de los tres imputados.

Casi dos años después y a más de siete años de denunciado públicamente por El Ancasti el hecho, el juez Carma revisó la sentencia y emitió el dictamen resolutorio.

La oposición del fiscal y la apelación presentada por los ex funcionarios del FCS tendrá como consecuencia directa una nueva demora en la elevación de la causa para el juicio oral y público.

HECHOS

 En 2004, El Ancasti dio a conocer la denuncia en la que se involucraba a funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social y a un grupo de empresarios, propietarios de fundaciones que tenían a su cargo la concreción de jornadas de capacitación para docentes.

El organismo, a cargo por ese entonces de Córdoba Molas, financiaba con dinero del Estado provincial cursos de perfeccionamiento que no se realizaron o que se habían llevado adelante sin el número de asistentes declarados y por los que se habían pagado abultadas sumas.