Todos opinan, pero nadie se hace cargo del fracaso de Obras Sanitarias en el manejo del agua y cloacas de Mendoza. La reestatización de la empresa sacó a la luz las marañas y jugarretas que hicieron los accionistas de OSM durante los 12 años de gestión con el aval -o gracias a la negligencia- de los gobiernos de turno. Eso sí, desde Arturo Lafalla, quien concesionó el servicio, hasta el mismo gobierno de Celso Jaque evitan asumir responsabilidades en el proceso de vaciamiento que hicieron los privados de la compañía de servicios públicos.

"Hicimos lo que pudimos", "lo sabíamos, pero no se podía hacer mucho", "la culpa la tiene el que vino" y "en mi gestión se le advirtió", son algunas de las frases que lanzan ex funcionarios y algunos actuales a la hora de contestar una simple pregunta: ¿por qué no se hizo nada cuando informes imparciales advertían del desbarajuste de Obras Sanitarias?la privatización no falló, el control, sí. La postura del ex gobernador Arturo Lafalla (1995-1999) quedó bien reflejada en su libro Utopía y Realidad. Recién llegado de Europa, y poco informado de lo ocurrido con OSM, Lafalla ratificó lo relatado en su obra. "Si el capital prioritariamente era estatal o no estatal, no era importante. Lo importante era el marco regulatorio, es decir, la ley que regulaba cómo debía ser el servicio, la ley que creaba el EPAS que dejaba en manos del Estado con más poder que antes la fijación de tarifas, el contralor de la distribución del agua y la calidad del servicio, absolutamente en manos del Estado. Este fue el modelo y hoy no funcionó", dice. Los controles y los organismos de contralor son, para el ex gobernador, el fondo de la cuestión. ceder ante las presiones. Fue con el radical Roberto Iglesias (1999-2003) cuando el servicio de agua y cloacas empezó a evidenciar fallas groseras. Por la crisis del 2001, y evitando el mal humor popular, Iglesias congeló las tarifas y la medida le costó una demanda millonaria de la empresa al Estado nacional ante el Ciadi, denuncia que ayer fue ratificada por el Grupo Saur. Las presiones de la compañía aumentaron, y el siguiente gobernador, Julio Cobos, "tuvo que ceder", según uno de sus ex ministros.

"Nosotros hicimos todo lo necesario, las renegociaciones y una última carta de entendimiento que fue avalada por la Legislatura y la Fiscalía de Estado", explicó el ex ministro de Obras Públicas de Cobos, Francisco Morandini. "Intentamos recomponer una situación y no me arrepiento de las medidas que tomé en aquel entonces, porque era lo que debíamos hacer en ese momento", prosiguió el ex funcionario, quien detalló: "Me molesta que se enfatice en el dinero que cedimos y no en las exigencias a la empresa que establecimos en la última carta de entendimiento".

Según el ex ministro del actual vicepresidente de la Nación, el documento exigía a Obras Sanitarias el pago inmediato de 80 millones de pesos que debía la compañía en infraestructura. "Exigimos la concreción de las inversiones. Que no hayan cumplido no es competencia de nuestra gestión, sino del gobierno siguiente, es decir, del actual", aclaró Morandini, quien elogió la actuación del EPAS, en aquel entonces, comandado por José Luis Mendoza.

Asimismo, el radical aclaró que la Procuración de la Nación alentó a Cobos a firmar la carta de entendimiento con la empresa, ya que, "cuanto más se renegociase , mejor se podría sostener el país en el exterior". Esto es porque, desde el 2002, existía en el Ciadi la demanda de Grupo Saur al Estado nacional.

"Queríamos restituir el servicio, por ello, concedimos un aumento tarifario de 19 por ciento; lo que pasó después no es responsabilidad nuestra. Es más, nosotros no privatizamos la empresa pero tratamos de respetar las obligaciones estatales según lo decretado por el contrato de concesión", finalizó Morandini, despegándose de unos de los tantos períodos, en el control del agua, para el olvido.la fiscalía, ausente. Las advertencias del descontrol en Obras Sanitarias venían desde el 2002. Técnicos e ingenieros del EPAS desfilaban por la Fiscalía de Estado con denuncias en mano y terminaban saliendo del edificio de la Casa de Gobierno sin pena ni gloria. Las denuncias se cajoneaban y pasaban años enteros sin tener respuesta.

Pedro Sin fue fiscal de Estado desde el 2003 hasta el 2009, cuando se jubiló. Por él debían pasar las denuncias, aunque el ex funcionario no recuerde y patee la pelota al actual fiscal, Joaquín de Rosas. "El actual fiscal era en ese momento el responsable de investigar, él debe decir qué ocurrió con las demandas. Él estuvo 28 años en Fiscalía y es quien debía abocarse a resolver dichas controversias", detalló Sin. Sin embargo, el ex funcionario dijo que "actualmente se exceden las atribuciones que se le dan al fiscal de Estado. No es un suprapoder", aclaró, y responsabilizó a otros organismos, como la propia Legislatura. la fiscalía especial no interviene. Tres denuncias llegaron al despacho del fiscal especial Daniel Carniello acusando a Cobos por mal desempeño público al no acatar las advertencias de incumplimientos en Obras Sanitarias. Sin embargo, el magistrado desestimó las presentaciones, por no ser pruebas de delito. "En todo caso debió pedirse un Jury de Enjuiciamiento contra Cobos", aclaró el fiscal, quien dijo que, "desde el 2002 que llegan decenas de denuncias al respecto, pero son escándalos políticos, no delitos".montoro y la advertencia final. "Yo fui quien sugirió la intervención de la empresa", dijo el actual titular del EPAS, Javier Montoro, quien elogió la decisión del gobernador y la actuación del ente regulador durante la gestión Jaque.